Según el principio de proporcionalidad, la gravedad de la pena debe corresponderse con la gravedad del hecho cometido
No nos engañemos: fuera del artículo 155 de la Constitución, la capacidad coercitiva del Estado frente al desafío soberanista catalán es muy reducida.
De modo que los responsables de promover el proceso de ruptura constitucional serán condenados, en todo caso, por los delitos de desobediencia y prevaricación, al que podría sumarse, también en todo caso (muy en todo caso), el de malversación de caudales públicos.
Vayamos a los antecedentes de hecho: el Tribunal Supremo condenó a Artur Mas a dos años de inhabilitación y a una multa de 36.500 euros por un delito de desobediencia (no apreció prevaricación ni malversación de caudales públicos) en relación con la consulta ilegal del 9-N.
El TS le acusó de someter «a la máxima tensión valores constitucionales tan esenciales de un Estado democrático y de derecho como el equilibrio entre poderes y el sometimiento de todos al imperio de la ley», pero le impuso la menor de las penas posibles en virtud del principio non bis in ídem, que prohíbe castigar doblemente una misma conducta, ya que «una forma abierta de desobediencia no puede ser, a su vez, considerada como un acto de prevaricación».
En España, conducir a excesiva velocidad o bajo los efectos del alcohol es un delito castigado con penas de cárcel, pero promover leyes ilegales a toda velocidad y saltar a pídola por encima de la mismísima Constitución no acarrea prisión.
Según el principio de proporcionalidad, la gravedad de la pena debe corresponderse con la gravedad del hecho cometido.
Salvo que los autores del mismo sean políticos secesionistas catalanes, en cuyo caso siempre habrá un principio non bis in ídem al que puedan agarrarse para irse de rositas.
Si a usted le pillan al volante tras beberse un gin-tonic y tres cervezas, las posibilidades de ser condenado a una pena de prisión son infinitamente mayores que las posibilidades que tienen de ir a la cárcel los autores del golpe a la democracia perpetrado en el Parlament de Cataluña. Todo un prodigio de proporcionalidad inversa.
El soberanismo ha hecho sus cálculos y ha llegado a la conclusión de que ir hasta el final del proceso de ruptura le es -penal y políticamente- rentable. Sin la amenaza del artículo 155 planeando sobre sus cabezas, y vistos los antecedentes de hecho, todo el monte es orégano. Y lo más triste es que no les falta razón.
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