LA izquierda bienpensante, con sus televisiones y periódicos a la cabeza, ha desatado una cruzada contra la prisión permanente revisable.
Su sentido de la justicia, el único éticamente aceptable a sus ojos, se rebela ante la posibilidad de que un criminal pase toda su vida en la cárcel, por execrables que sean los delitos que haya cometido o por inviable que demuestre ser su reinserción en la sociedad. (Ahí está, sin ir más lejos, «el violador del estilete», para demostrar que ciertas alimañas únicamente pueden convivir con nosotros permaneciendo entre rejas).
La sensibilidad de estos apóstoles de la corrección política se inclina de forma natural hacia el lado del infractor, lastrada por ese prejuicio rancio en virtud del cual cualquiera que transgreda la ley es en el fondo un producto de este sistema burgués opresor y no un depredador peligroso.
Ellos y ellas (no se me enfade la señora Montero/Montera) abogan sistemáticamente por el terrorista, asesino, secuestrador o violador antes que por sus víctimas. Piensan más en los derechos que asisten al terrorista, asesino, secuestrador o violador que en los que deberían haber amparado a los aterrorizados, asesinados, secuestrados o violados. Y lo hacen, además, sin perder un átomo de buena conciencia.
El PSOE y Podemos, tan atentos siempre a lo que demanda «la gente», ignoran en este caso el clamor popular de una ciudadanía harta de impunidad. «La gente» está equivocada al pedir un endurecimiento de penas porque «la gente» desconoce que las penas son ya muy duras para el «pobre» delincuente.
«La gente» solo acierta cuando sus peticiones van en la línea de lo que complace a los partidos de izquierdas. De otro modo, como en la cuestión que nos ocupa, «la gente» ignorante ha de ser guiada hacia la luz de la verdad.
Porque es una barbaridad, de acuerdo con esa visión buenista de la realidad, pretender que quien ha matado a sus propios hijos con una sierra mecánica no recobre jamás la libertad o exigir que sea apartado definitivamente de la calle un delincuente sexual con predilección por los niños.
Lo progresista es encomendarse sin reservas al objetivo de reinserción que recoge la Constitución, entendiéndolo no como una aspiración, sino como un hecho contrastado. O sea, negar la evidencia de que ciertos criminales no se rehabilitan nunca.
¿Es electoralista la propuesta del PP encaminada a ampliar el elenco de delitos susceptibles de merecer prisión permanente revisable? Seguramente lo sea, aunque ni más ni menos que otras.
A su favor hay que decir que la introducción de esa pena en el código fue una de sus pocas promesas cumplidas aprovechando la mayoría absoluta. ¿Es oportunista el cambio de postura de Ciudadanos, dispuesto ahora a debatir el asunto y eventualmente aprobarlo, previa introducción de alguna enmienda?
Probablemente sí. Rectificar es de sabios, máxime cuando quien te lo exige es tu propio electorado. Claro que para oportunismo de libro, el del PNV, responsable de la moción que pide la derogación de ese castigo sin otro propósito que robar a Bildu la bandera de los presos de ETA.
Las espadas están en alto. El debate será encendido. Ambas posturas son jurídicamente defendibles y moralmente legítimas, por mucho que ciertos medios se empeñen en mostrarnos solamente a «expertos» contrarios a esta medida vigente en buena parte del mundo democrático.
La cadena perpetua es justa, aunque nuestra Carta Magna imponga la obligación de dar una oportunidad al reo, incluso sin merecerla. Porque antes que el criminal están las víctimas, y por supuesto los inocentes.
