EL Gobierno de Pedro Sánchez no solo pretende disparar el gasto público con fines electoralistas, a pesar de que España todavía registra el mayor déficit de la zona euro, sino que negocia con Podemos una amplia y sustancial subida de impuestos, cuya aplicación, más allá de vaciar el bolsillo de familias y empresas, también lastrará la recuperación (Sólo la piscina del chalet de Iglesias y Montero cuesta lo mismo que la vivienda media española: 115.740€).
La última propuesta en esta materia consiste en subir el IRPF a las rentas altas. La intención del partido morado es elevar la tributación a partir de 60.000 euros al año, mientras que el PSOE fija su objetivo en las rentas de más de 150.000, pero el hecho de que ambos apuesten por un incremento fiscal augura un acuerdo en algún punto intermedio (Esperpéntica sesión de postureo de Errejón en Esquire: «Tener un chalet de 600.000 euros no es incompatible con luchar por el bienestar»).
El problema, sin embargo, es que no deja de ser un nuevo ejercicio de demagogia.
No en vano, el plan del Ejecutivo apenas lograría recaudar unos 400 millones de euros extra al año, lo cual no llegaría ni para cubrir la eliminación del copago farmacéutico acordado con Podemos, cuyo coste rondará los 550 millones.
Y ello sin tener en cuenta que el PSOE también propone elevar el techo de gasto en más de 5.000 millones de euros o que la revalorización de las pensiones con el IPC sumará otros 2.000 millones, por citar tan solo algunos ejemplos.
Además, dado que las rentas altas gozan de un mayor margen para cambiar de domicilio y modificar su estructura fiscal, la recaudación real acabaría siendo, sin duda, inferior a la estimada, de modo que el grueso de la factura recaerá de nuevo sobre las clases medias, las grandes damnificadas de la crisis.
Las ocurrencias fiscales de Sánchez y sus aliados amenazan con aumentar el déficit y frenar la senda de crecimiento y empleo de los últimos años.
