Opinión
Ancianos en el metro Twitter

El envejecimiento de las poblaciones es un fenómeno mundial que parece irreversible a corto plazo. Según la estimación de Naciones Unidas, en 30 años España será el tercer país más viejo del mundo con un 34% de población mayor. Esto obliga a resolver con eficacia y seguridad el problema de atención a este colectivo, entre otros motivos, por la cuenta que nos tiene.

Hay quienes sin el menor ánimo de despreocupación, sin pretender renunciar a su responsabilidad familiar de atención a los mayores, deciden apoyarse en una institución que ayude a hacer más segura, amena y feliz la vida de los últimos años de sus padres. Entre estos se encuentran la mayor parte de las personas que optan por ingresarlos en una Residencia de Ancianos. En teoría su decisión es lógica y correcta. En la práctica, a veces el resultado es una auténtica miseria. De eso quería hablarles hoy.

Hay que buscar, y quien busca normalmente termina encontrando, las causas por las que a veces se producen esas situaciones que convierten en un antro para nuestros mayores lo que hubiera debido ser un lugar placentero. Me ha parecido encontrar tres "razones":

El motivo de la primera es económico. Es el argumento de nuestros días que busca primar la productividad y el resultado sobre cualquier otro parámetro. Por ello, para abaratar costes, se incorpora en las Residencias de Ancianos a profesionales que se ocupan de responsabilidades para las que no están cualificados. Incluso, a veces, ni siquiera han sido sometidos a un mínimo examen psíquico, para determinar si su carácter es el adecuado o se trata de individuos violentos, zafios, o insensibles, incapaces por tanto, de asumir la elevada responsabilidad que exige la ocupación y atención de personas dependientes, y/o con minusvalías físicas o psíquicas. En consecuencia pensamos que no se valora la importancia que ha de darse y tiene la dignidad humana. Muchas son las personas que persiguen un inmenso deseo de bien como "sentido de vida", y es a ellos a quienes se debería encomendar esa labor de tutela.

El de la segunda -incluso menos tolerable- es político: una administración que se precie, que anteponga el servicio a la imagen pública, debería vigilar con prioridad absoluta, que un colectivo tan vulnerable y a la par tan merecedor de atenciones como es la ancianidad, merece que se le garantice un respeto y trato decoroso, y ello en cualquier momento y en cualquier lugar. La visita periódica, posiblemente anunciada, de un inspector, no pasa de ser más que la ocasión para que los responsables del Centro presenten sus mejores galas y oculten, en su caso, las miserias.

El argumento de la tercera tesis nos responsabiliza a todos, pues es moral: porque la moralidad y los valores con que nos movemos, son el sistema de vida que cada sociedad construye según el momento y el lugar. Claro que esa norma de comportamiento evoluciona siempre en función de la presión que ejerce una minoría sobre la colectividad, aunque afecte después a todas las clases y a todos los niveles sociales que la componemos. Es un hecho que los impulsos que mueven la opinión de la mayoría proceden siempre de muy pocos, y ellos mismos están condenados a desaparecer también, tarde o temprano, absorbidos por la frenética presión de otros que llegan para reemplazarlos. Me refiero a los famosos o triunfadores que hoy llaman influencers, y que son aquellas personas que expresan opinión, tienen notoriedad, representatividad, y/o destacan en algún aspecto que la sociedad valora. La cuestión se complica cuando quien pone los ladrillos de ese edificio, es en el fondo un incapaz, y expone una posición subjetiva o interesada, porque le pagan para ello, para animar a decidir sobre qué hacer, o la consideración de lo que debiera estar bien o mal.

Algunos de esos elementos constructivos son superficiales porque influyen sobre aspectos, se diría que, externos del comportamiento y no afectan en exceso a la actitud moral, aunque producen grietas en el edificio social. Así, parece ser que en los países árabes es correcto eructar ante el anfitrión después de un buen almuerzo; y en algunas tribus de Alaska el esquimal ofrece al huésped que se acueste con su esposa. Otros, eso en nuestro país, nos enseñan que se debe orinar en público si a uno le viene en gana; o que está bien interrumpir un oficio religioso para exhibir la anatomía de alguien que reclama la atención de los demás. Luego, la minoría selecta decidirá si aquello es importante o no, o sea si puede pasar a formar parte del acerbo moral más adecuado. Nuestro planeta es un arco iris de costumbres, aunque hay algunas que evolucionan al revés.

El problema se agudiza cuando esa élite rectora, tan innovadora, permisiva y moderna, ha decidido que la tercera edad no merece la consideración debida a sus conocimientos, dedicación, experiencia y estado, por mucho que se llene la boca para hablar de promesas sobre pensiones al acercarse unas elecciones. Pero, como el impacto que producen sus opiniones es enorme, la perspectiva de la moral colectiva se obscurece.

Así, ya hemos llegado al suceso que es portada en estos días de los telediarios, pues vemos que el trato que dispensan en alguna Residencia de Ancianos raya lo intolerable. La vida de nuestros mayores acogidos allí es un auténtico infierno, donde el diablo se esconde tras el miedo, la ignorancia, o el desprecio a quienes lo denuncian. Decíamos no hace tanto que ese dogma de fe cristiana no tendría hoy sentido, pero no imaginábamos que el averno estuviera tan cercano.

La otra consecuencia, también de actualidad, es aún peor, pues pone en cuestión la propia vida. Me refiero al debate sobre la eutanasia. Hoy tenemos en marcha un juicio colectivo sobre si conviene regular la norma que permita acabar con la vida de quien ya esté cansado de vivirla. Lo llaman eutanasia y sería una alternativa singular al Asilo de Ancianos, a la par que aliviaría la carga pública de las pensiones. La moral de algunos de nuestros dirigentes parece inclinarse hacia ello. Pero, ¿estamos seguros de lo que pretenden? ¿Quién y cuándo tiene el derecho a decidir sobre la vida de otros?

No, si ya sé que me dirán que el que ha decidido terminar con su existencia es el individuo que así lo solicita. Pero miren, el suicidio es algo muy parecido y no está permitido, ni creo que nadie en sus cabales lo apoyase. Además justificar que realmente habría causa o motivo para autorizar esa práctica, sí que requeriría un fedatario público. Porque ¿es más importante probar que se ha decidido transferir un inmueble, o acabar con una vida? Pues, no siempre, por no decir que casi nunca, sería suficiente argumento presentar un vídeo, una carta firmada, o veinte testigos que confirmen el deseo fehaciente del difunto. Yo nunca he sido miembro de un jurado, pero mucho me temo que habría casos para poner en cuestión, la validez de cualquiera de esas pruebas o argumentos.