Un informe que muestra «reiteradas infracciones e irregularidades de los medios de comunicación públicos de Cataluña»
EL exdiputado del Partido Popular de Cataluña, Santiago Santamaría, ha denunciado ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo las vulneraciones de las libertades de opinión, información y expresión cometidas por medios públicos de comunicación catalanes, TV3 y Catalunya Ràdio.
Esta queja se une a la que motivó la semana pasada la apertura de una investigación por la misma Comisión sobre la política lingüística en Cataluña.
El exparlamentario del PP se ampara en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea para solicitar el amparo de su Parlamento y cita en la denuncia algunos de los más sangrantes episodios de sectarismo protagonizados en los últimos meses por la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.
Desde quemar ante las cámaras un ejemplar de la Constitución a facilitar por la radio pública información sobre el despliegue de la Guardia Civil durante el 1-O a fin de impedir su trabajo, pasando por insultos racistas contra los españoles.
Estos medios no se han privado de nada de lo que en cualquier televisión y radio públicas se habría calificado como incitación al odio y al enfrentamiento civil, como difusión de ideas antidemocráticas que justificarían directamente su cierre y el despido de sus responsables.
Quizá la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo se pregunte por qué es necesaria la denuncia cuando el Gobierno central ha intervenido la Generalitat a través del artículo 155 de la Constitución, el cual habría permitido poner fin a la manipulación sectaria de TV3 y Catalunya Ràdio.
Es la misma pregunta que se hacen millones de españoles y sigue sin respuesta, porque no es respuesta suficiente afirmar que el PSOE se ha opuesto a la intervención en TV3.
El doble rasero de los socialistas y el resto de la izquierda con TV3 y Televisión Española es un escándalo.
Mientras no hay semana en la que no haya un comunicado de la izquierda o de sus medios afines denunciando supuestas manipulaciones en TVE, el PSOE desactiva su sensibilidad democrática cuando se trata de abordar el caso de TV3 y pone a este medio público bajo su manto protector.
En tanto el Gobierno central no actúe constitucionalmente en TV3 y Catalunya Ràdio, el debate democrático en Cataluña seguirá adulterado.
En todo caso, más allá de las contradicciones internas, la situación provocada por el separatismo en Cataluña es una anomalía totalitaria en el contexto de la democracia europea y se manifiesta en la falta de respeto a libertades y derechos fundamentales del ciudadano.
No se puede seguir aceptando que la etiqueta de nacionalista sea suficiente para situarse impunemente al margen de la ley y de la democracia. Tienen que entenderlo en Bruselas. Tienen que entenderlo en Madrid.
