El fugado Puigdemont ha logrado que se prohíba su registro y nadie ha clamado por la libertad de expresión
Todo es libertad de expresión, a juicio de muchos, si se canta un rap, aunque esté plagado de insultos, amenazas y vejaciones, como en los casos de los cantantes Valtonyc y Pablo Hasel. Pero hay una excepción: no se puede llamar ‘Pig Demont’ a los jamones comercializados por un avispado empresario malagueño que quería comercializar online productos con esa simpática marca.
La Oficina de Patentes y Marcas ha rechazado el registro, al parecer inducida por el propio Puigdemont en persona, que nada más enterarse movilizó a sus equipos jurídicos para intentar prohibir que la idea prosperara.
Lo consideraba ofensivo y, aunque tal vez tuviera algo de razón, es un juego de niños al lado de las barbaridades que en canciones o redes sociales se sueltan a diario contra otros dirigentes políticos, sentimientos o ideologías que a menudo alcanzan la categoría penal de delito: pero hasta en esos casos extremos,un buen número de juristas, políticos y medios de comunicación se ponen del lado de los agresores y consideran que sus castigos o sanciones minan la libertad de expresión.
Con ‘Pig Demont’, cuyo logo es un gorrino con un parecido extraordinario con el expresidente de la Generalitat, nadie ha alzado la voz. O casi nadie, como subraya Esdiario.
Porque el posible propietario de la empresa si ha dicho algo, y muy rotundo, antes de anunciar que dejaría de usarla y que cerraba la web desde la que cualquiera podía adquirir sus productos. Su mensaje final es contundente:
«A causa de la presión, la falta de libertad de expresión, la falta de humor y la cobardía política no se aceptarán de momento más pedidos y servirán todos los contratados pendientes a partir del lunes».
Junto al texto de la ya difunta web, aparece la firma de Alberto González López, el dueño de la empresa, que dice adiós con una última coletilla bien llamativa: «Viva Andalucía, Viva Cataluña y Viva España».
Una larga historia
Aunque ‘Pig Demont’ se ha hecho célebre en estos días, el litigio del líder independentista contra la firma malagueña comenzó ya a finales del año pasado y ha movilizado incluso a su abogado principal, Jaume Alonso Cuevillas, tal y como él mismo confirmó en una entrevista con TV3.
Allí, en la televisión amiga del procés, justificó su demanda en el hecho de que la marca resultaba insultante y en «la similitud fonética respecto a un apellido que no tiene autorización para utilizar».
Con más salero, el empresario Alberto González aseguró el pasado miércoles en una entrevista en Cope que, en realidad, el nombre de su empresa procede de la unión de las palabras «Pig» (cerdo en inglés) y «du mont» (del monte en francés) y desmintió que el cerdo con gafas y una melena negra muy parecida a la de Puigdemont de su logotipo haga referencia al expresidente catalán.
«Él no tiene la propiedad de ese corte de pelo, el logo no refleja la imagen de él (…) Que él se vea reflejado en la caricatura de un porcino es más problema suyo que mío», aseguró González. Su firma, además de los ya famosos jamones, comercializaba hasta ahora un vino espumoso con el apellido del diputado de ERC Gabriel Rufián.
