LAS pensiones públicas son una materia tan delicada e importante para el conjunto del país que, como ha sucedido durante años, deberían quedar al margen de la habitual pugna electoralista que protagonizan las diferentes fuerzas políticas con el único fin de ganar votos, y no solo porque está en juego el bolsillo y la tranquilidad de cerca de nueve millones de personas, sino porque el sistema de la Seguridad Social constituye uno de los pilares básicos del denominado Estado del bienestar.
En el reciente debate público abierto en torno al futuro de las pensiones sobra, por tanto, la demagogia, al tiempo que se echa en falta responsabilidad y altura de miras para afrontar un problema que requiere grandes dosis de seriedad, madurez y sentido común.
Ni los pensionistas pueden servir de arma arrojadiza por parte de los partidos para tratar de captar votantes ni las cuentas de la Seguridad Social convertirse en una especie de bazar en el que unos y otros cruzan promesas, sin importar las consecuencias reales de tales decisiones.
Por ello, resulta lamentable observar la maniquea utilización política de la que está siendo objeto el colectivo de jubilados en los últimos días. El PSOE fue el primero en descolgarse con la ocurrencia de crear nuevos impuestos sobre la banca, las transacciones financieras e incluso el ahorro para financiar una subida de las pensiones en sintonía con el IPC, sin reparar en que su coste, en última instancia, recaería sobre los hombros de las esquilmadas clases medias y dañaría el crecimiento y la creación de empleo.
En este sentido, no deja de resultar paradójico que quienes propiciaron la destrucción de más de tres millones de puestos de trabajo bajo su Gobierno y congelaron las pensiones por primera vez en la historia se erijan ahora en los salvadores de los jubilados.
Podemos, por su parte, aboga por la derogación de las reformas aprobadas en 2011 y 2013, que fueron claves para reforzar el sistema a medio y largo plazo, demostrando, una vez más, su absoluta incompetencia, puesto que tal medida supondría el colapso de la Seguridad Social.
El Ejecutivo tampoco es ajeno a este juego de ofertas y contraofertas tras la limosna fiscal anunciada por Hacienda a quienes ronden los ochenta años, cuyos detalles aún están por determinar, mientras que Cs vincula la subida de las pensiones a la aprobación de sus propuestas en materia presupuestaria.
El problema de fondo, sin embargo, no radica en una subida mayor o menor de las pensiones ni en su vinculación al IPC, sino en su sostenibilidad futura.
Frente a esta subasta, los partidos deben dejar a un lado sus particulares intereses electorales y sentarse a negociar en el Pacto de Toledo para acordar nuevas reformas con las que apuntalar la viabilidad del modelo vigente y mejorar la calidad de vida de los jubilados. Hay que alejar las pensiones de la batalla política.
