UNO de los agentes de la Guardia Civil que investigaron durante años el caso ERE constató ayer ante el tribunal que los ejercicios de desmemoria en que han incurrido los 22 antiguos altos cargos de la Junta andaluza que comparten banquillo no pueden ser tales.
Según relató, cuando en 1999 se concedió la primera ayuda sociolaboral, tanto Gaspar Zarrías, número dos del Gobierno andaluz con Manuel Chaves, como José Antonio Viera, consejero de Empleo, observaron que administrativamente «había problemas» para su adjudicación, e idearon un sistema para agilizar falsos ERE sin control ni filtro previo de fiscalización.
Para eso, elevaron sus ideas al Consejo de Gobierno, que a su vez optó por crear una partida presupuestaria específica que se fue nutriendo con más y más dinero en cada año sucesivo.
«Detectaron que había un problema y el Gobierno tomó una decisión», sostuvo taxativo el agente, para desmentir por ejemplo los testimonios de Chaves o de Griñán, que dijeron no tener constancia de absolutamente nada.
Pero en realidad nada en los ERE fraudulentos pudo llevarse a cabo sin el conocimiento, evaluación y autorización de toda la cúpula del Gobierno andaluz, incluidos sus presidentes, por más que estén en su legítimo derecho de exponer una memoria selectiva sobre lo ocurrido.
En realidad, casi se trata de amnesia, porque ninguno de los acusados dice acordarse de nada. Es impensable que no tuvieran conocimiento de las advertencias de ilegalidad de la Intervención General y que a la vez inflasen esa partida cada año a ciegas, como si nada estuviese ocurriendo.
La deslealtad política con los cientos de miles de andaluces sin empleo en aquellos años, y el desfalco de las arcas públicas por valor estimado de 855 millones, son una realidad que ayer la Guardia Civil expuso al tribunal con toda claridad.
