Sanidad para todos, ¿con el dinero de quién y en qué condiciones? Son algunos de los reproches que los responsables autonómicos de Sanidad de las comunidades gobernadas por el Partido Popular y de regiones como Extremadura hicieron a la ministra Carmen Montón en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del pasado jueves, ante la falta de concreción y, sobre todo, de memoria económica que fije el coste real de la propuesta ministerial para «recuperar el carácter universal del derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria a todos los ciudadanos, incluyendo a los inmigrantes en situación irregular».
El consejero de Sanidad de Extremadura, José María Vergeles, reclamó poner «limitaciones», como que los residentes en España estén empadronados durante al menos dos años para poder ser trasplantados, y «evitar así el turismo de trasplantes».
Y lo mismo cabría decir de la atención farmacológica a enfermos con hepatitis C o con otras terapias de alto coste en enfermedades raras u oncología. Porque, ¿qué Estado podría financiar los nuevos antirretrovirales a todas las personas que entrasen en territorio nacional?
O ¿qué ocurre con la asistencia en inmigrantes irregulares que, pese a que han sido reconocidos con el derecho a ser atendidos, salen de las fronteras de España? «¿Entra en marcha la Directiva 2011/24/UE sobre los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza o no?», se preguntó Vergeles.
Porque en ningún país europeo existe el derecho a la protección y asistencia sanitaria «universal» que ha reclamado el Partido Socialista en la oposición y que ahora quiere convertir en una realidad en España a través de un real decreto que «desliga la cobertura del concepto de asegurado y la reorienta a la condición de ciudadanía española o residencia en España», según especificó la ministra.
Todos los sistemas públicos recogen, en mayor o menor grado, limitaciones que, antes de la reforma sanitaria aprobada por el Gobierno en 2012, no existían en España y que fueron puestos en evidencia en un informe del Tribunal de Cuentas que elevó el coste de la asistencia a extranjeros hasta los 917 millones de euros, de los que 639 millones no pudieron ser facturados a sus países de origen y que corrían, por tanto, a cuenta de los presupuestos autonómicos.
Incluso teniendo en cuenta la actual normativa, que restringe la cobertura sanitaria a los extranjeros en situación irregular a accidentes y urgencias, embarazadas y menores de 18 años en las mismas condiciones que los asegurados nacionales, el modelo español es incluso más generoso si se compara con los sistemas de países como Austria y Suecia, que están cerrados para los inmigrantes ilegales.
