El Gobierno Sánchez ha dejado claro desde el primer momento que su principal prioridad en materia económica consiste en volver a disparar el gasto público, lo cual se traducirá en una nueva y sustancial subida de impuestos a familias y empresas, dañando con ello la recuperación.
La propia ministra de Economía, Nadia Calviño, anunció este 11 de septiembre de 2018 que no habrá rebajas fiscales, sino todo lo contrario. De hecho, amenazó con aplicar un aumento impositivo «muchísimo más importante» el próximo año en caso de que las Cortes rechacen elevar el objetivo de déficit al 1,8 por ciento del PIB en 2019, frente al 1,3 pactado inicialmente con Bruselas.
Y esto es solo el principio, ya que Sánchez también avanzó en el Senado que su objetivo último es elevar la presión fiscal en cerca de 80.000 millones de euros a medio plazo.
La nueva política presupuestaria del PSOE, inspirada en el radicalismo de Podemos, es profundamente errónea y perjudicial. En primer lugar, porque gastar por gastar no se traduce en más y mejores servicios públicos. La clave no es aumentar el gasto sin control, sino elevar la eficiencia de las administraciones para ofrecer buenos servicios a un coste razonable.
Y, en segundo término, porque esta nueva subida de impuestos lastrará la actividad productiva y la creación de empleo en un contexto de creciente incertidumbre y debilidad económica. Prueba de ello es que la CEOE acaba de rebajar sus previsiones de crecimiento al 2,7 por ciento este año y al 2,3 el siguiente, tras varios ejercicios superando la barrera del 3 por ciento.
España, lejos de excesos presupuestarios y perjudiciales alzas tributarias, necesita retomar la senda de las reformas estructurales para impulsar el PIB, equilibrar las cuentas públicas y resolver, al fin, el problema del paro.
