SI 2017 estuvo marcado por el referéndum ilegal del 1 de octubre y la posterior declaración unilateral de independencia en Cataluña, el año que ahora termina ha reflejado la resaca de la desnortada deriva separatista, y no solo a nivel político o judicial, sino también en el ámbito económico, con el consiguiente daño infligido al conjunto de los catalanes (Empapelan a dos fanáticos de los CDR tras quedar heridos graves dos Mossos al chocar su coche contra una barricada).
La primera y más impactante factura del órdago lanzado por el prófugo Carles Puigdemont y el resto de sus cómplices, hoy procesados, fue la histórica huida de empresas que sufrió esta región a partir de aquellos aciagos días, cuya hemorragia, lejos de revertir, se ha mantenido en el tiempo (El desafiante escupitajo del apóstol Torra a todos los españoles desde su púlpito de TV3).
No en vano, tras la salida de más de 2.500 sociedades el pasado año, otras 2.145 empresas decidieron trasladar su sede fuera de Cataluña durante el presente ejercicio debido a la inestabilidad y el grave quebranto institucional que ha supuesto el procés (Estas son las 21 exigencias que el xenófobo Torra entregó a Sánchez y el ‘okupa’ de La Moncloa oculta).
Y a diferencia de lo que anunció la Generalitat, no han emprendido el camino de vuelta, evidenciando así el penoso clima de incertidumbre y desconfianza que ha impuesto el independentismo.
A la pérdida de compañías se sumó, además, una fuerte fuga de depósitos, fruto del miedo que cundió entre un buen número de ahorradores ante la remota posibilidad de que la amenaza secesionista llegara a materializarse.
De los más de 31.000 millones de euros perdidos en fondos, apenas han regresado poco más de 9.000, lo cual demuestra que Cataluña vive inmersa en una situación de profunda inseguridad política e inquietud social.
Y lo mismo sucede con la inversión. Muy lejos quedan ya los años en los que la economía catalana brillaba con luz propia como foco de atracción de talento y capitales, puesto que la inversión extranjera se hundió más de un 60% en 2017 y ha seguido cayendo en este ejercicio, con todo lo que ello implica.
Cataluña ha pasado de ser uno de los más importantes reclamos económicos de España a ahuyentar empresas, ahorradores, inversores e incluso turistas, siendo ésta una de sus principales industrias, por culpa del soberanismo.
Como resultado, esta región, que antes lideraba las tasas de crecimiento y creación de empleo a nivel nacional, se ha descolgado de los puestos de cabeza y, hoy por hoy, avanza a un ritmo muy inferior al que ofrece su potencial, lo cual se traduce en pérdida de riqueza y oportunidades para la población, la gran damnificada de este desastre.
Y todo ello sin tener en cuenta el deterioro que han registrado los servicios públicos por la nefasta gestión presupuestaria de la Generalitat. Es la autonomía más endeudada de España, con más de 78.000 millones de euros, y su calidad crediticia se mantiene como bono basura porque carece de credibilidad en los mercados financieros.
Lo único que ha evitado la quiebra ha sido la inyección extraordinaria de fondos propiciada por el Gobierno desde 2012. El despropósito independentista lo están pagando todos los catalanes.
