LA recuperación que inició España a finales de 2013 ha permitido revertir buena parte de los daños que provocó la crisis, pero la política económica que ha puesto en marcha el Gobierno del PSOE amenaza con truncar esta senda.
Y no solo porque Sánchez se niegue a impulsar las reformas que todavía precisa el país, al tiempo que insiste en derogar algunos de los provechosos cambios introducidos en los últimos años, sino porque este nuevo rumbo llega en el peor momento, cuando el favorable ciclo económico de tipos de interés bajos y expansión internacional está llegando a su fin, lo que agravaría sus consecuencias.
El fuerte aumento del gasto público, tras la subida salarial de los funcionarios y la vinculación de las pensiones al IPC, se traducirá en más déficit y deuda, debilitando tanto la solvencia del Estado como el crecimiento potencial de la economía española.
Además, el incremento de las cotizaciones, lejos de solventar el agujero estructural de la Seguridad Social, restará competitividad a las empresas y mermará su capacidad para invertir y crear puestos de trabajo. Subir el salario mínimo un 22 por ciento en un solo año y sin el necesario acuerdo de los agentes sociales también acabará destruyendo empleo.
Por otra parte, las nuevas restricciones aplicadas al mercado del alquiler reducirán la oferta de pisos, presionando al alza los precios, mientras que el traslado del impuesto hipotecario al banco encarecerá la concesión de crédito.
Lo único que tienen en común las medidas económicas aprobadas por Sánchez en estos siete meses es su marcado electoralismo cortoplacista y el negativo impacto que, de una u otra forma, acabarán infligiendo al conjunto de la economía.
