La «guerra» del sector del taxi frente a los vehículos VTC se ha enconado hasta, de momento, un punto de no retorno.
Ciudades como Madrid y Barcelona han sufrido colapsos en los últimos días por una huelga del taxi que no deja de ser un paro patronal en toda regla.
Pocas veces las huelgas son un remedio para algo, y menos aún si son indefinidas, afectan a los servicios públicos y toman a los ciudadanos como rehenes.
En este caso, además, las prácticas coactivas afectan a la celebración de Fitur, la feria más importante que acoge Madrid y escaparate del atractivo turístico de España.
Es cierto que ambos sectores en conflicto tienen razón en algunas de sus exigencias y motivaciones, y ninguna en otras. Por eso es imprescindible una regulación nítida que acote las competencias exactas de cada uno de ellos y que haya una convivencia razonable que evite los abusos e ilegalidades sistemáticas.
No es época de monopolios, e internet esta moldeando un nuevo tipo de sociedad de modo vertiginoso y cambiante. El taxi y las empresas gestoras de los VTC tendrán que compatibilizar su actividad porque se trata de un servicio que responde a una exigencia social.
Por eso es incomprensible que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, no haya cumplido una sola de sus promesas en los últimos seis meses. Cuando el pasado verano el mundo del taxi bloqueó grandes ciudades, Ábalos difirió a futuro la solución del problema pensando que para entonces Sánchez ya habría convocado elecciones.
Sus buenas palabras nunca solucionaron nada, y por más que las autonomías culpen a los Ayuntamientos, y estos al Gobierno central, lo cierto es que Fomento se ha lavado las manos de un modo indolente e irresponsable. Ahora es el ciudadano quien paga esta guerra.
