PEDRO Sánchez está llevando a cabo la campaña electoral más cara de la historia de España, con el problema añadido de que su alto coste no corre a cargo de las cuentas de su partido, sino que es sufragado con el dinero de todos.
El líder socialista abusa de la figura del decreto ley, reservada para casos de urgente y extraordinaria necesidad, y utiliza el Consejo de Ministros en beneficio propio para materializar sus promesas políticas, a pesar de que las Cortes ya han sido disueltas.
A la larga lista de prebendas y prestaciones aprobadas en las últimas semanas se suma ahora la mayor oferta de empleo público desde 2008. El Ejecutivo dará hoy luz verde a la creación de un total de 31.000 plazas en la Administración General del Estado, superando incluso la histórica cifra del pasado año.
Esta medida no solo busca sustituir a los funcionarios que se jubilan, sino que también creará empleo neto, de modo que el tamaño de las plantillas públicas crecerá, presionando aún más la frágil situación de las cuentas estatales.
Por desgracia, se trata de una nueva ocurrencia de marcado carácter electoralista, ya que el único objetivo de Sánchez es la compra de votos, no la mejora de los servicios públicos, que es lo que importa a los ciudadanos.
Una cosa es reforzar el número de efectivos allí donde es necesario, al tiempo que se cuida en detalle la calidad y el funcionamiento de la asistencia, y otra muy distinta aumentar el número de funcionarios sin aplicar el más mínimo criterio de eficiencia, con la mera finalidad de ganarse el favor de sindicatos y electores a escasas semanas de la celebración de los comicios.
La clave no consiste en gastar más, sino mejor. Este incremento de funcionarios -al 7 por ciento, mientras el empleo privado crece en España a un ritmo inferior al 2 por ciento- no garantiza la provisión de servicios ágiles y efectivos, ya que su consecución requiere acabar con las duplicidades, eliminar entes inútiles, modernizar la Administración y elevar la productividad laboral para ofrecer más a menor coste.
La propuesta de Sánchez contrasta con la reforma que acaba de aprobar el presidente francés, Emmanuel Macron, para acercar la gestión del empleo público al de la empresa privada.
Entre otras medidas, Francia pretende reducir 120.000 puestos de aquí a 2022, así como impulsar la figura del contratado y premiar con incentivos el buen desempeño laboral. La política del PSOE, por el contrario, deja a un lado la necesaria evaluación de resultados.
A Sánchez poco le importa el beneficio que pueda reportar a la ciudadanía esta histórica creación de empleo público, sino su impacto electoral. Se buscan votos, no mejores servicios. El anunciado incremento de funcionarios no sirve al interés general de los españoles, sino al interés particular de un partido, el PSOE, y su líder, Pedro Sánchez.
