En ningún caso se puede tolerar en un Estado de Derecho que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se conviertan prácticamente en asistentes personales de quien, a día de hoy, es un sujeto particular sin cargo público
LA reacción de José Bono a la información recabada por este periódico sobre el servicio de seguridad, transporte y vigilancia del que aún disfruta con cargo al erario público no se hizo esperar y lo hizo de la peor manera posible.
Después de que dos reporteros gráficos de ABC realizaran fotografías del exterior de su chalet en la localidad toledana de Olías del Rey, para ilustrar la información que ayer recogía este diario, agentes de la Guardia Civil preguntaron en la localidad por uno de ellos, se personaron en su domicilio por la noche y lo fotografiaron.
Debe quedar claro que las imágenes de los fotógrafos fueron realizadas sin vulnerar la ley. No aparece reflejado en ellas el interior de la vivienda, ni figuran datos que puedan facilitar identidades personales, como matrículas de vehículo.
Son fotografías tomadas en un espacio público y del exterior de la vivienda, que no comprometen la seguridad del ex ministro de Defensa y expresidente de las Cortes, ni de los funcionarios encargados de su protección cinco años después de haber dejado su último cargo público.
Por tanto, ni José Bono ni personas de su entorno tenían motivo legítimo alguno para urgir que agentes de la Guardia Civil localizaran a nuestros reporteros, ni estos agentes tenían obligación ninguna de atender peticiones de interés estrictamente personal del exdirigente socialista.
Un funcionario policial tiene claramente tasadas sus funciones en el ordenamiento jurídico y cualquier actuación que realice en relación con cualquier ciudadano debe tener una causa que los justifique, desde el punto de vista del interés público y de las mencionadas competencias del agente.
En ningún caso se puede tolerar en un Estado de Derecho que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se conviertan prácticamente en asistentes personales de quien, a día de hoy, es un sujeto particular sin cargo público.
ABC y sus reporteros han ejercido la libertad de información con estricto respeto a los derechos a la intimidad, el honor y la propia imagen, por lo que cualquier intento de amedrentar o disuadir ese legítimo desempeño de la libertad constitucional de información será siempre denunciado. Y, además, es necesaria una explicación oficial sobre las razones por las que unos agentes de la Benemérita pudieron actuar siguiendo instrucciones de José Bono, un ciudadano más.
