La lista de víctimas inocentes es larga e irá ampliándose a medida que pasen los días, porque en Venezuela hay más de 200.000 españoles y casi todos demandan respeto a los Derechos Humanos
Es su gran oportunidad de volver al centro del escenario. Casi 20 años después de haber conseguido arrestar al general Pinochet por violar derechos humanos en Chile, Baltasar Garzón tiene ahora a mano la posibilidad de apuntarse un tanto espectacular enchironando a Nicolás Maduro.
De intentarlo, por lo menos, porque los argumentos a favor de adoptar medidas judiciales contra el desquiciado dictador venezolano son abrumadores (El dictador Maduro no quiere testigos: 30 periodistas internacionales, expulsados de Venezuela).
Amnistía Internacional, que en 1998 respaldó la iniciativa de Garzón y pidió la extradición de Pinochet a España, acaba de denunciar al Gobierno chavista, por utilizar la violencia de forma ilegitima contra los opositores, torturar a los disidentes y encarcelar a quienes exigen democracia y libertad.
La propia fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, acusa al Ejecutivo de Maduro de ‘terrorismo de Estado’.
Estados Unidos ha señalado al vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, en su lista de delincuentes que juegan un papel relevante en el tráfico internacional de drogas, al que vincula al propio Maduro, tras descubrirse datos incriminatorios en los móviles y ordenadores de sus sobrinos ‘camellos‘ arrestados y condenados en Nueva York.
Los cargos que presentó en su día Garzón contra Pinochet incluían 94 denuncias de tortura de ciudadanos españoles y el asesinato del diplomático español Carmelo Soria.
Pues bien, entre los 431 presos políticos que se pudren en condiciones abyectas en las mazmorras chavistas, hay al menos una veintena de españoles, que ignoran hasta el tiempo que permanecerán entre rejas e incluso si saldrán algún día ( Los sicarios de Maduro, el amigo de Podemos, asaltan la casa de López y se lo llevan).
Esos desventurados, encerrados en espacios mínimos, sin servicios ni respeto de las normas carcelarias y humanitarias universales, son torturados física y psicológicamente a voluntad de sus pervertidos carceleros. Los testimonios de palizas, violaciones y humillaciones son escalofriantes (El País coge por la solapa a Podemos y le exige que aclare su relación con el sátrapa de Maduro).
Uno de los más presos conocidos es Yon Goicoechea. Nieto de vascos y canarios, de 32 años y Premio Milton Friedman para el Avance de las Libertades, fue uno de los líderes del movimiento estudiantil que propició la única derrota electoral de Chávez: el referéndum constitucional de 2007.
Tras estudiar en Estados Unidos, regresó a Venezuela en 2016. El 29 de agosto de ese año su coche fue interceptado por un grupo de facinerosos armados. Desde entonces lo tienen aislado en condiciones infrahumanas en una celda de la sede del servicio de Inteligencia venezolano.
Goicoechea no es el único inquilino español de El Helicoide. Allí está presa también, desde agosto de 2015, Andrea González de León, una repostera de 31 años de origen canario. Fue arrestada sin orden judicial junto a su marido, Dani Abreu, tras ser denunciada por un tarado llamado José Pérez Venta, autor confeso de la violación, muerte y descuartizamiento de Liana Hergueta y reconvertido en «patriota cooperador» del régimen.
Hay también españoles y bastantes entre los asesinados por los sicarios de Maduro. Algunos fueron eliminados hace ya tiempo como Wilmer Carballo, el empresario de 43 años de origen canario que se negaba a irse de Venezuela ‘porque el país iba a cambiar’, al quien descerrajaron un balazo en el rostro en 2014.
Otros crímenes son más recientes, como el que acabo con la vida de David Vallenilla, estudiante de enfermería de 22 años, acribillado a quemarropa por agentes de la Guardia Nacional Bolivariana el pasado 22 de junio, cuando participaba en una protesta ciudadana junto a la base militar de La Carlota, en Caracas.
La lista de víctimas inocentes es larga e irá ampliándose a medida que pasen los días, porque en Venezuela hay más de 200.000 españoles y casi todos demandan respeto a los Derechos Humanos.
Baltasar Garzón, jurista brillante y hombre de prestigio internacional, puede además completar la solicitud de arresto contra Maduro y sus compinches, con la exigencia de que se adopten medidas contra los bienes de los malhechores ( La oposición demócrática advierte al dictador Maduro de que resistirá en el Parlamento).
Una semana después de la detención de Pinochet, el entonces juez Garzón dictó una orden de embargo de sus posibles cuentas bancarias en Suiza, Luxemburgo y otros países (Alfonso Ussía ataca con zotal el Ritz por alojar a los hijastros de Maduro: «Hay que desratizarlo»).
Con la ventaja que da el que el Departamento del Tesoro norteamericano ya le ha allanado el camino congelando las millonarias fortunas de Maduro y por lo menos 13 de sus colaboradores, Garzón puede dirigirse a la Audiencia Nacional, donde tantos días de gloria tuvo, y solicitar algo así en España y aledaños con los inmuebles, cuentas, fincas y propiedades que han ido acumulando los chavistas ( EEUU impone duras sanciones al dictador Nicolás Maduro).
Es sólo una cuestión de coherencia, pero si eso no le parece bastante al siempre activo Garzón, que lo haga por interés. Volvería a hacerse universalmente famoso. Aunque se enfaden con él los sectarios de Podemos, los de IU y algíun otro, merece la pena.
Sobre las razones jurídicas, si no le ha parecido bastante nuestro somero relato, quizá les venga bien al ex juez y todos esos tertulianos que hablan de ‘diálogo‘ y califican la bestial represión chavista de ‘peleas callejeras’, lo que hace dijo Felipe Gónzalez, ex presidente socialista del Gobierno de Esapaña, durante una rueda de prensa junto a Lilian Tintoria, esposa del líder opositor Leopoldo López:
«Visité a dos condenados por la dictadura, que salieron después, en pleno estado de sitio en Chile. Pues el estado de sitio del Chile de Pinochet respetaba mucho más los derechos humanos que el paraíso de paz y prosperidad de Maduro».
(Mariano Rajoy propone retirar los visados a los dirigentes vinculados con el dictador Maduro ).
ALFONSO ROJO
LOS PRESOS POLÍTICOS EN LA VENEZUELA CHAVISTA
Las condenas varían entre 1 y 30 años y ya la mayoría de ellos lleva varios años cumplidos. Están encerrados en espacios mínimos miserables, sin servicios ni respeto de las normas carcelarias, humanitarias y universales, y torturados física y psicológicamente a voluntad de sus carceleros.
Familias desechas en sufrimiento permanente que apenas pueden visitarlos a voluntad del tirano y sus sicarios. Todos estos presos políticos están privados de su libertad y de todos y cada uno de sus derechos, pues, se viola:
- 1. El derecho de expresión y opinión.
2. La libertad de reunión y asociación pacífica.
3. El derecho a ser elegidos y participar en asuntos políticos.
4. El derecho a la presunción de inocencia.
5. El derecho a ser juzgado por jueces imparciales e independientes.
6. El derecho a la legítima defensa.
7. El derecho al juicio justo.
8. El derecho a la confidencialidad del abogado.
9. Su integridad personal: torturas y tratos inhumanos y degradantes.
10. La libertad de culto.
