LA gestión del Ayuntamiento de Madrid se caracteriza por combinar algunas de las peores prácticas contables y presupuestarias, ya que, además de despilfarrar el dinero público en proyectos innecesarios, el manejo de las arcas locales no se ha ajustado a la ley, cayendo incluso en graves irregularidades y en una clamorosa falta de transparencia.
Prueba de ello es el turbio rescate financiero que protagonizó el equipo de Manuela Carmena con el servicio público de bicicletas, tras abonar cerca de trece millones de euros por Bicimad a la empresa concesionaria, Bonopark, que estuvo al borde de la quiebra.
Ahora Madrid no solo no justificó en ningún momento el sobrecoste de la operación, cuyo precio objetivo rondaba los siete millones de euros y no los trece pagados, sino que la valoración del contrato tampoco contó con el aval de ningún técnico municipal ni con la oportuna estimación de un experto independiente, lo que arroja serias dudas acerca de su corrección desde el punto de vista legal y económico.
Este ejemplo, por desgracia, es sintomático del absoluto caos presupuestario que sufre la capital.
No en vano, la negligente actitud de Ahora Madrid ha provocado la intervención de las cuentas municipales por parte de Hacienda, debido al incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, con el consiguiente perjuicio para los madrileños.
Este nulo respeto a las normas no es de extrañar si se tiene en cuenta que el edil de Economía, Carlos Sánchez Mato, y su compañera, Celia Mayer, son investigados por la Justicia por encargar informes al margen de los procedimientos establecidos para sembrar dudas sobre el Open de Tenis de Madrid, en lugar de preocuparse por lo que importa, como es el tráfico, la limpieza de las calles y el resto de los servicios que mejoren el día a día de los madrileños.
