LA presunción de inocencia se mantiene hasta que un tribunal condena al acusado, y los medios de comunicación y la opinión pública deben respetar este principio constitucional, pero la valoración política de los cargos públicos acusados por corrupción discurre por un terreno distinto, porque la responsabilidad política debería ser un concepto autónomo de la declaración judicial sobre la autoría del delito.
El juicio por la trama valenciana del caso Gürtel es un ejemplo de esa separación entre lo judicial y la política.
Sean o no constitutivos de delito los hechos que ahora reconocen a coro los principales acusados -Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez- y probadas o no judicialmente sus acusaciones contra Francisco Camps y su mano derecha en la Generalitat, Ricardo Costa, lo cierto es que todos son indicios que apuntan a abuso de poder, aprovechamiento ilícito y tráfico de influencias.
Tiene razón el PP cuando recuerda que ninguno de los acusados ocupa cargo alguno actualmente y que este juicio -y otros similares- demuestra la independencia de los jueces y la autonomía de los fiscales para poner en uno y varios bretes al partido en el Gobierno.
También tiene razón el Ejecutivo cuando afirma que con su anterior mayoría absoluta el Estado de Derecho se dotó de leyes sin precedentes en la lucha contra la corrupción. Pero a veces, en política, no basta con tener razón. Además, hace falta ser creíble.
El calvario judicial del PP es una realidad que se está cumpliendo a rajatabla. Ya no hay que esperar a una sentencia para que este partido sufra el castigo de la opinión pública.
Cualquier trilero acusado por corrupción puede ponerlo en jaque. La Justicia tiene que ser, si es preciso, traumática en la mutilación de la corrupción, sin desproporciones ni juicios populistas, pero sí con el rigor que merece la falta de ética de unos dirigentes políticos que se han aprovechado del mandato de los ciudadanos a un partido en el que confiaron.
