El único camino del prófugo Puigdemont para ser presidente de la Generalitat pasa por la cárcel
El dictamen del Tribunal Constitucional, que no anula la sesión de investidura de Puigdemont pero le obliga a presentarse ante el Parlament, inflige una severa derrota al independentismo.
El expresidente no podrá ser investido sin la pertinente autorización judicial, aunque comparezca personalmente en la Cámara, si está vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión.
Es decir, el Alto Tribunal acepta al candidato Puigdemont, pero le aboca a la derrota y obliga al procés a mostrar sus cartas enfrentándose ya a la realidad.
La del Constitucional, como subraya el diario ‘El País‘ en su editorial este 28 de enero de 2018, es una decisión inteligente y lógica. Considera que no es legal ni la participación telemática ni por delegación de Puigdemont en la sesión de investidura.
En ello ha coincidido, cabe recordar, con la opinión de los letrados del propio Parlamento catalán.
El independentismo cae en su propia trampa. El golpe de efecto pretendido por el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, el próximo martes es un error político que probablemente se le volverá en contra.
Mantener como candidato a Puigdemont puede derivar este martes 30 de enero en una sesión -una más- tumultuosa e ilegal (y anulada) que volverá a dañar las instituciones catalanas y que no obtendrá más que la reprobación en las democracias europeas, donde Carles Puigdemont es visto ya como un excéntrico personaje cuya campaña de desprestigio hacia España carece de toda credibilidad.
La anulación de la candidatura de Puigdemont habría dejado al Parlamento catalán en un limbo legal y habría otorgado más tiempo de inquietud, siempre tan bien aprovechado por el independentismo, para mantener su estrategia desestabilizadora. Ahora, el tiempo apremia.
Si quiere gobernar Cataluña, como le corresponde, no tiene más que renunciar a un candidato acusado de graves delitos contra el Estado y proponer a otro. Tiene experiencia en ello.
Alegar que solo Puigdemont puede ser investido por ser el elegido del «pueblo de Cataluña» es un argumento torticero. Este eligió en 2015 a Artur Mas (cabeza, entonces sí, de la lista más votada) y los suyos le descabalgaron para dar satisfacción al grupúsculo anticapitalista de la CUP, nombrando en su lugar justamente a Puigdemont.
La determinación debe seguir presidiendo los próximos movimientos del constitucionalismo. El Gobierno tenía la obligación de intentar parar la investidura. La destitución, una vez nombrado aun ilegalmente Puigdemont, siempre será más traumática, pero contemplar el espectáculo del martes sin que el Ejecutivo hubiera movido ficha no se habría entendido.
Se requiere mantener la unidad, como ayer pidió Ciudadanos, y mucha templanza para no dejarse perturbar por los tacticismos y fraudes del secesionismo.
Los ciudadanos de este país tienen ahora claro que un puñado de políticos dispuestos a vulnerar la ley no pueden hacer explosionar sus instituciones democráticas.
El Constitucional ha demostrado su carácter garantista y ha funcionado como una bien engrasada pieza del Estado.
Muestra el camino a seguir bajo el imperio de la ley. El secesionismo unilateral de Carles Puigdemont y los suyos es un callejón sin salida.
