Tras Puigdemont, queda ahora todo el trabajo por hacer
LA decisión del Tribunal Constitucional de prohibir de facto la investidura de Carles Puigdemont, y la asunción que ha hecho el expresidente catalán de su propio fracaso, han terminado por avalar la estrategia del Gobierno para impedir que el chantaje separatista continuara.
Ha habido errores de percepción del Ejecutivo, ha habido tensión extrema en el TC, y ha habido desautorizaciones jurídicas del Consejo de Estado, y diferencias entre PP, PSOE y Ciudadanos.
Pero en cualquier caso el resultado final ha sido el desmontaje de toda una patraña orientada a perpetuar el desafío al Estado de Derecho. Todas las decisiones de un Gobierno entrañan riesgos, errores y un profundo desgaste.
A Mariano Rajoy la decisión de impugnar la convocatoria de un pleno de investidura con carácter preventivo le ha costado un disgusto porque se forzaba al TC a reinterpretar su propia doctrina en ese sentido.
Sin embargo, el cauce objetivo que ha encontrado el Estado para dar respuesta a un presunto delincuente ha resultado un éxito admitido por el propio Puigdemont.
Ahora, el problema ya no es desmontar el andamiaje golpista puesto en marcha por Puigdemont, sino la sinceridad con que el independentismo tenga voluntad real de negociar una presidencia legal y legítima para evitar otras elecciones.
Sea cual sea la solución coyuntural que los separatistas encuentren para resolver su fractura sobre las cenizas de Puigdemont, no hay motivo alguno para la euforia.
Más allá del disparate político que ha vivido Cataluña en los últimos cuatro años, conviene sentar las bases de una profunda vigilancia que impida el adoctrinamiento en las escuelas, la mediatización de dos generaciones de jóvenes a base de mentiras y la manipulación de la historia.
La mera aplicación del artículo 155 de la Constitución no va dirigida a eso. Y es un error. El sentimiento independentista catalán puede ser legítimo en el ánimo de cada cual, pero no puede ser el instrumento político para construir más falsedades.
No es una cuestión de más o menos política. Es una simple cuestión de derechos y libertades, y a muchos cientos de miles de catalanes el independentismo se los ha hurtado.
El Estado en general y el Gobierno en particular tienen la obligación moral de impedir en la nueva etapa que se abra que lo ocurrido con la educación en los últimos lustros siga produciéndose. Lo mismo resulta imperativo para los medios públicos de comunicación.
La superación de una crisis tan severa no puede basarse en una solución provisional a una simple legislatura vista porque son precisas luces largas. El independentismo no se desactiva solo inhabilitando a los responsables que hayan delinquido, ni la semilla del «odio a lo español» será fácil de erradicar.
Tras Puigdemont, queda ahora todo el trabajo por hacer.
