EL ministro de Justicia, Rafael Catalá, es un político prudente y con iniciativa, que destaca en medio del páramo gubernamental; responsable político de ambiciosas reformas judiciales, algunas ya ejecutadas, como las de 2015, y otras en camino, como el Código Procesal Penal.
Es un funcionario de carrera que conoce bien -dicen que como pocos- los entresijos de la Administración. Buen interlocutor con las instituciones, las asociaciones judiciales y los partidos de la oposición, ha gestionado su vida pública sin más sobresalto que una reprobación arbitraria y partidista motivada por el turbulento paso de Manuel Moix por la Fiscalía Anticorrupción.
Este 30 de abril de 2018, sin embargo, cometió un error. Innecesariamente, el ministro Catalá redirigió la polémica social sobre la sentencia de «La Manada» a la persona del magistrado discrepante, Ricardo González, de quien afirmó que tiene «un problema singular» que todo el mundo conocía y frente al que tenía que haber actuado disciplinariamente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que, al parecer, este magistrado tiene antecedentes por sanciones impuestas hace años.
Un ministro de Justicia no debe hacer este tipo de declaraciones, porque, aun cuando fuera cierto lo que ha dicho, no le corresponde adentrarse en el delicado terreno de la independencia judicial y de la potestad disciplinaria de un órgano constitucional ajeno al Gobierno, como es el CGPJ.
Tampoco reducir el debate sobre los delitos sexuales a un problema personal. Por otro lado, si tan públicos y notorios eran los problemas de este magistrado, no se entiende por qué el Ministerio Fiscal no los puso de manifiesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra para forzar su apartamiento, o por qué no hicieron lo mismo las defensas y las acusaciones particulares y populares. La hoguera pública en la que arde el crédito de la Justicia tiene ya suficiente leña.
El descontrol social y político se ha adueñado de la opinión pública creada por la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra. Se ha entrado en una competición por ver quién descalifica más y mejor a los jueces, a la Justicia y al sistema judicial mismo. No queda sitio para el respeto institucional, compatible con una crítica razonada sobre la condena -que no absolución- de los cinco miembros de esa horda denominada «La Manada».
Tengamos cuidado con los verdaderos objetivos antisistema que algunos activistas de la polémica han subido a lomos de las críticas legítimas de muchos ciudadanos de buena fe. Está generándose un movimiento social de etiqueta radical, camuflada de feminismo, que persigue coartar el libre funcionamiento de las instituciones democráticas, incluido el del Poder Judicial.
