España vive una emergencia democrática que se solventa con urnas. Pero el presidente que ha llegado sin ellas hace lo imposible por ignorarlas de nuevo
Lejos de ayudar a ese aislamiento, como se había logrado con el acuerdo estable entre PP, PSOE y Ciudadanos; Sánchez se ha entregado a Puigdemont, ERC y Bildu para, en compañía de Podemos, atrapar a cualquier precio lo que por dos veces le habían negado los ciudadanos con su voto (Monedero, feliz como si le hubieran nombrado ministro: «Demostramos que sí se podía echar a Rajoy»).
Apelar a la legalidad del proceso o a su aritmética como única manera de legitimar esta operación nada democrática es un recurso endeble que pervierte su naturaleza constitucional para convertirlo en una herramienta de asalto (Sacan un tuit de Pablo Iglesias que le retrata como el caradura más hipócrita de escenario).
Al líder del PSOE no debería hacerle falta escuchar que alcanzar así la presidencia, legitimando a los mismos partidos a los que hasta ayer él mismo tildaba de ultraderechistas, antidemocráticos y xenófobos, es intolerable.
La primera obligación del presidente de España es cumplir y hacer cumplir la Constitución, y es simplemente imposible que respete ese mandato si sólo ha sido capaz de llegar al puesto gracias a quienes intentan acabar con ella.
Pretender que su mera presencia es garantía de nada, con La Moncloa intervenida por quienes sin duda le van a pasar la correspondiente factura, es un ejercicio de filibusterismo, de ignorancia y de irresponsabilidad a la vez: si el soberanismo no ha dudado en desafiar al Estado y a la alianza de tres grandes partidos, ¿cómo no va a incrementar esa presión ante un muro de contención mucho más débil que le debe el puesto?
En una democracia sólida, no vale todo: los procedimientos constitucionales nacen de un espíritu etéreo pero fácil de entender, pues resume la voluntad del pueblo siempre, que se malversa cuando se utiliza la letra y se desprecia su fin último. Lo que ha hecho Sánchez, denigrando el voto ciudadano y negándose a ponerse a prueba ante las urnas, es conculcar esa máxima para asaltar el poder de manos de quienes sólo se lo entregan para utilizarlo contra el país que va a presidir.
No es una opinión, es un hecho, y el propio Sánchez lo había dicho en incontables ocasiones en los últimos meses. Pero también lo recalcan cada día, de palabra y obra, el PdeCat, ERC o Bildu, tres de sus valedores sin los cuales, simplemente, no sería presidente.
La corrupción, un problema sin duda relevante que en un Estado de Derecho se juzga políticamente en las urnas y penalmente en los tribunales, no ha sido más que una coartada para camuflar la verdadera naturaleza de una trampa política que desprecia la base de la democracia al prescindir, de manera burda, de la ciudadanía: ni se ha respetado lo que votó, por dos veces en poco tiempo, ni se le ha querido preguntar si acaso su opinión había variado.
España vive una emergencia democrática que sólo se puede solventar acudiendo a las urnas. Pero el presidente que ha llegado sin contar con ellas ya está haciendo lo imposible por ignorarlas de nuevo. No se trata de defender al PP ni a Rajoy, cuyos errores y aciertos ya los juzgará la historia, sino de entender que el sustento mismo de la democracia y la convivencia ha sido pisoteado por quienes se han servido de ella para lograr lo que ella les había negado.
Convocar Elecciones es, pues, una urgencia que ha de ser atendida en el menor plazo posible. Y que haya que recordarle algo tan obvio a quienes más habían presumido de defender la democracia participativa, lo dice de su auténtica naturaleza.
