Opinión
Josep Borrell y el juez Fernando Grande-Marlaska, ministros en el Gobierno Sánchez. EP

NI aunque se lo haya pedido expresamente el CGPJ... El Gobierno no tiene pensado mover un dedo para defender al magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa contra los golpistas catalanes, de la campaña de acoso contra él emprendida, en formato de demanda civil, por Puigdemont y el resto de los forajidos huidos a Bélgica.

Las asociaciones mayoritarias de jueces y de fiscales (solo algunas de las que se autodenominan progresistas se han negado a hacerlo) han suscrito un comunicado en el que acusan al Ejecutivo de «dejación de funciones» ante lo que creen una «fiscalización» de la jurisdicción española por parte de un tribunal extranjero.

Incluso la Abogacía del Estado cree que concurren los requisitos para que España se persone en dicho procedimiento en defensa de Llarena, en contra de la mezquina teoría del Ministerio de Justicia, que estima que no debe inmiscuirse en los «actos privados» que se le atribuyen en la demanda de Puigdemont.

La ministra Dolores Delgado está haciendo un flaquísimo favor a España, pues lo que está en juego no es ya la probidad de un funcionario del Estado (que ya sería bastante), sino la defensa misma del Estado democrático español, puesto en cuestión en esa desvergonzada demanda por quienes lo han agredido de forma grave y continuada.

Que la asociación de fiscales a la que pertenece Delgado se haya sumado finalmente al escrito que pide el amparo a Llarena dice bastante del enorme error cometido por la ministra.

Sánchez debe abandonar ya su meliflua actitud con los golpistas de ayer y los de mañana (si nos atenemos a la amenaza de Torra de «atacar al Estado»). Pero será difícil que lo haga pues su estancia en La Moncloa depende de los separatistas que le auparon al poder, a los que no parece dispuesto a enojar aunque deje sin amparo a un cabal servidor del Estado y se mancille el nombre de España.