El Ejecutivo socialista afirma ahora que actuará "en defensa de los intereses de España" en el proceso que afecta al juez
Se la ha tenido que envainar Pedro Sánchez en el ‘Caso Llarena’, como antes hizo con los inmigrantes y tantos otros asuntos (Juez Llarena: Lo de Sánchez y la ministra Delgado era previsible, pero el silencio de Borrell y Marlaska acongoja).
Por medio de un bufete privado belga, el Gobierno socialista asumirá finalmente la defensa jurídica del juez Pablo Llarena en la demanda que han interpuesto contra él en Bélgica el profugo Carles Puigdemont y otros golpistas catalanes.
La presión de las asociaciones de jueces y de la oposición obligó este 26 de agosto de 2018 a La Moncloa a tragarse todas su declaraciones anteriores y anunciar que asumirá la defensa del juez sin condiciones, lo que disguistara sin duda a sus ‘socios’ separatistas (Jueces del Tribunal Supremo acusan al Gobierno Sánchez de dejar ‘vendido’ a Llarena para poder seguir en La Moncloa).
La indefinición del Gobierno Sánchez resulta ya desasosegante. Después de airear la negativa del Ministerio de Justicia a contratar a un despacho de abogados en Bélgica para defender al magistrado de la mezquina acusación que le han lanzado Puigdemont y cuatro exconsejeros catalanes fugados, ahora rectifica aduciendo que el Gobierno defenderá «nuestra soberanía jurisdiccional».
Nuevo volantazo. Han tenido que reaccionar el CGPJ, el Supremo en pleno y la gran mayoría de las asociaciones judiciales y fiscales, para que el Gobierno se vea obligado otra vez a rectificar. Sin embargo, el Ejecutivo sigue evitando una defensa expresa de Llarena por temor a que el independentismo se ofenda.
De hecho, la Abogacía del Estado ha dejado en evidencia a la ministra Dolores Delgado, incapaz de darse cuenta de que la defensa del Estado de Derecho está encarnada ahora por Llarena, y no por absurdos equilibrios con el separatismo en busca de un diálogo que Torra y Puigdemont desprecian cada día.
La equidistancia en la que se ha instalado Pedro Sánchez resulta preocupante porque de momento Llarena sigue en la estacada. Es más, el CGPJ ha tenido que empezar a maniobrar en defensa de Llarena ante la inacción de Justicia, que por ahora se limita a hablar genéricamente de la defensa de nuestro sistema, y no específicamente del magistrado denunciado, y sigue sin aclarar qué despacho de letrados de Bruselas se encargará de defender al juez, desde cuándo y bajo qué condiciones.
Más parece que el Gobierno ha preferido ponerse de perfil frente a la fraudulenta acusación de unos golpistas, antes que enorgullecerse de la defensa pública y sin complejos de un magistrado riguroso que en ningún caso debería acudir a Bruselas a declarar.
Algo falla en el Gobierno de Sánchez, antaño fiel promotor del 155 para Cataluña, cuando ahora hace la vista gorda sobre las agresiones a ciudadanos pacíficos que ejercen su derecho a retirar lazos amarillos de lugares públicos en Cataluña, o cuando los autodenominados «comités de defensa de la república» campan a sus anchas con conductas mafiosas y vulneradoras de la libertad de expresión. El separatismo ha ganado espacio con la indolencia de Sánchez.
No es cierto que su llegada a La Moncloa haya rebajado la tensión en Cataluña. Muy al contrario, ha envalentonado a los independentistas y ha aquietado a los Mossos en su labor de garantizar la seguridad de todos.
Son una policía política al servicio del separatismo y no hay día en que no lo demuestren abriendo expedientes a quienes luchan en las calles contra la dictadura de los lazos y las cruces amarillas y, por el contrario, dejando pasar las cacicadas, insultos y amenazas de los CDR. Sánchez debería orientarse mucho mejor porque su permisividad está dejando a España sin defensas.
