Opinión
El golpista Carles Puigdemont con Trapero, en aquellos momentos jefe de los Mossos. Diada EP

La exclusiva, que este 16 de septiembre de 2018, publica ESTEBAN URREIZTIETA en el diario 'El Mundo', tiene una extraordinaria relevancia social, política y judicial en cuanto no sólo certifica la flagrante inactividad de los Mossos d'Esquadra durante la celebración del referéndum independentista del 1-O.

También revela algo más grave: la existencia de un auténtico entramado político-policial que tenía como objetivo ineludible el sabotaje de la operación conjunta con la Policía Nacional y la Guardia Civil que pretendía evitar la consulta ilegal.

Esteban ha tenido acceso a 1.719 grabaciones registradas durante aquella jornada en las que se refleja de manera explícita la estrategia.

Se trata de conversaciones mantenidas a través de la radiofrecuencia de la policía catalana y de las llamadas telefónicas entre los agentes y las salas de mando y coordinación.

La conclusión revela una táctica urdida en las cloacas de la Generalitat basada en el espionaje y el boicot a las Fuerzas de Seguridad del Estado, la amenaza a cualquier mosso que intentase ejecutar el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de impedir el referéndum, la filtración de información privilegiada del dispositivo policial al Govern y, como colofón a tal deslealtad, la elaboración de informes y actas falsificadas que simularan una actuación que no se produjo.

El escarnio al Estado de Derecho llegó al rastrero punto de que, siendo conocedores los mossos de escenarios violentos determinados, eludieron su apoyo a la Policía Nacional o ni advirtieron a la Guardia Civil de una emboscada contra varios agentes. Quién sabe si podrían haber puesto en peligro su integridad física.

La Policía Judicial, que analiza las grabaciones, concluye que fue el mayor Josep Lluís Trapero quien hizo de correa de transmisión al entregar a la Generalitat la información privilegiada del operativo policial para orquestar después contramedidas. Recordemos que escasos meses después, investigado por tales actos, Trapero tuvo la desfachatez de declarar que él mismo comunicó a Puigdemont su objetivo de cumplir la ley el 1-O.

Pero ni aquella inverosímil defensa evitó que la juez Lamela expusiera en su auto de abril que el Mayor formó parte de un plan jerarquizado y sincronizado con el poder secesionista que acabaría cristalizando en su procesamiento por organización criminal y sedición.

Queda meridianamente demostrado que, en el culmen del desafío independentista, los mossos fueron pieza clave del golpe de Estado, poniendo conscientemente en riesgo la preservación del orden público.

Es alarmante que, retirada la aplicación del artículo 155, no se hayan tomado medidas -más allá de las procesales- para garantizar la independencia de quien debiera proteger los derechos y libertades de todos los ciudadanos.

Mientras Pedro Sánchez continúa tendiendo la mano a Quim Torra sin exigir nada a cambio, el independentismo maneja a su antojo el poder que el Estado le otorga.