EL contenido de las grabaciones del comisario Villarejo revelan algo más grave que las reprobables actitudes y comentarios de quienes las protagonizaron: expresan la existencia de una trama de jueces, fiscales y policías convertidos en una suerte de organización clandestina nutrida por los inmensos recursos que el Estado debe poner al servicio de la ley y de los ciudadanos (El ex juez Garzón intenta anular pruebas y apartar a los fiscales del ‘caso Villarejo’).
Las procacidades de la ahora ministra de Justicia, las indiscreciones del exjuez Baltasar Garzón y la sordidez de los métodos del excomisario Villarejo serían anecdóticos si ninguno de ellos hubiera estado investido entonces de las más importantes funciones públicas en un Estado de Derecho (Villarejo se jactó delante de la ministra Delgado de haber «preparado» el ‘caso Gürtel’ con Garzón y el policía de confianza de Rubalcaba).
La terrible pregunta que puede hacerse cualquier ciudadano de buena fe es ¿en quiénes hemos confiado la protección de nuestros derechos y libertades? (Cristina Almeida hace un alegato feminista y luego defiende a la ministra del ‘maricón’ y las ‘putas’ de Villarejo )
El banquete de Villarejo es el retrato de un oprobio para el Estado de Derecho, porque cualificados representantes de sus poderes básicos en la aplicación de la ley -Justicia, Fiscalía, Policía- se sentaron juntos y revueltos para compartir y jalear ilegalidades, infamias y hasta delitos.
Porque delito es que un comisario monte una red de prostitutas para que informen sobre sus afamados clientes. Porque delito sería que un policía y un juez preparasen un caso -el de la Gürtel- mucho antes de que ese juez esté en condiciones de admitirlo a trámite.
¿Cómo sabía Baltasar Garzón que él iba a ser el instructor? ¿Puede alguien extrañarse de que Garzón fuera condenado precisamente por grabar ilegalmente a los imputados y sus abogados en el caso Gürtel? Su suerte estaba echada antes de que empezara la causa.
La Fiscalía General del Estado debe investigar estos hechos. Delgado y Garzón conocían y aplaudían los métodos mafiosos de Villarejo y esto no puede quedar sin una explicación judicial.
La Audiencia Nacional es víctima de esta indignidad perpetrada por Garzón, Delgado y Villarejo. No sería justo que este tétrico episodio de Villarejo y sus amigos manche el historial de ese tribunal en la lucha contra el terrorismo.
La inmensa mayoría de sus jueces y fiscales han sido y son testimonio ejemplar de entrega al servicio público. Sin embargo, tampoco hay que ignorar que la acumulación de tanto poder jurisdiccional en tan pocas personas puede generar riesgos para un cabal desempeño de sus funciones a largo plazo.
El presidente del Gobierno quiere ignorar un escándalo que habría provocado su caída en cualquier otro país democrático.
Dice que su Gobierno no cederá ante un chantajista, pero el chantajista contó con el aplauso de su ahora ministra Delgado. Sánchez ha hecho de su permanencia en el poder una cuestión personal, sin escrúpulos éticos, y por eso mantiene al frente de Justicia a una persona que no es digna políticamente de ese cargo.
