Opinión
Independentismo e independentistas en Cataluña. EP

La Fiscalía del Tribunal Supremo prepara un escrito de acusación que pondrá al separatismo catalán ante las verdaderas dimensiones penales de su golpe contra el orden constitucional.

Solo unos necios podían imaginar que les saldrían gratis su ataque a la unidad de España, la desobediencia al Tribunal Constitucional, la malversación del dinero público y la incitación a la violencia en las calles.

Los fiscales encargados del sumario por el asalto al Estado prevén mantener las directrices de las querellas impulsadas por el fallecido José Manuel Maza y del auto de procesamiento dictado por el magistrado Pablo Llarena, y acusarán por rebelión a los dirigentes del proceso separatista que están en prisión provisional.

Y lo harán, además, imputando a Oriol Junqueras y a los exconsejeros Turull, Rull, Forn, Romeva y Bassa el delito de rebelión agravado por malversación, lo que supone penas que superan los 15 años de prisión.

El resto de acusados recibirá peticiones de condena por rebelión básica -Carme Forcadell y «los Jordi»-, malversación o desobediencia, según el borrador del escrito que ultima la Fiscalía.

Las togas de estos fiscales de la Sala Segunda del Tribunal Supremo no se van a manchar con «el polvo del camino», inquietante frase con la que el entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, pretendió que la Fiscalía secundara la negociación política del Gobierno de Zapatero con ETA.

Sus acusaciones por rebelión son las que merecen quienes han atentado contra lo más valioso de un Estado de Derecho, que es su integridad territorial y la vigencia de la Constitución. En otros países, este delito se castiga con la cadena perpetua, porque es una traición a la convivencia y una provocación al enfrentamiento civil.

Para el Gobierno, la acusación de la Fiscalía sería una mala noticia. El Ejecutivo ha presionado indecentemente, sin éxito, a la Sala Segunda y al Ministerio Fiscal para excarcelar a los dirigentes en prisión provisional como gesto que salve los votos del nacionalismo catalán. No sólo siguen en prisión, sino también acusados por delitos de máxima gravedad.

Los separatistas arreciarán sus descalificaciones contra la Justicia y sus amenazas a Pedro Sánchez, a quien Cataluña vuelve a arrastrarlo a la cruda realidad de su impotencia política y de sus errores de planteamiento.

Sin embargo, ni los separatistas ni sus tontos útiles hallarán ninguna conspiración entre poderes del Estado.

Los hechos son tan evidentes y los delitos, tan claros, que lo inadmisible sería que no hubiera responsabilidades penales. Al final, la diferencia entre un demócrata y un separatista es que el demócrata respeta la ley y el separatista, no. Lo normal es que sea el separatista quien se siente en el banquillo de los acusados.