Ciertamente, tiene razón el socialista Pedro Sánchez, cuando aduce que no debe exagerarse la decisión de la Comisión Europea de remitir a España, junto a otros cinco países, una carta admonitoria sobre el posible desajuste de las cuentas públicas.
De hecho, y como bien recalcó Sánchez, el mismo procedimiento de aviso se puso en marcha en 2016 y 2017, sin mayores consecuencias posteriores.
Dicho esto, haría bien el jefe del Ejecutivo en reflexionar sobre el porqué de las diferentes reacciones que ha suscitado el mismo hecho, -especialmente, entre los mercados financieros, donde la prima de riesgo española se disparó este 18 de octubre de 2018 un 9,67 por ciento, hasta marcar los 131 puntos-, y reconocer que en la marcha de la economía operan otros muchos factores, más allá de la mera voluntad de los gobernantes de turno.
No es, además, la primera vez que los hechos desmienten casi de inmediato las afirmaciones optimistas de nuestro Gobierno, con la correspondiente pérdida de la confianza.
No es aceptable que el pasado miércoles se filtraran desde la Moncloa apreciaciones absolutamente optimistas sobre la acogida de Europa al proyecto presupuestario, cuando la realidad era muy diferente.
Que Bruselas no iba a dar por válidas unas cuentas públicas cuyos ingresos fiscales previstos son, cuando menos, dudosos -España, por ejemplo, calcula una recaudación de la «tasa Google» de 1.200 millones de euros, cuando Bruselas estima que la recaudación global de los 27 países comunitarios por este impuesto no llegará a los 5.000 millones-, era evidente.
Esta falta de concreción en el balance contable de ingresos y gastos viene siendo la norma a lo largo de todo el proceso de gestación de los Presupuestos, con cifras que varían según el ministro que las presente, y denota la desorientación de un Gabinete rehén de su propio populismo.
Tal es así, como hemos señalado en nota editorial anterior, que pareciera que el Gobierno socialista ya ha descontado que no va a conseguir aprobar los PGE y sólo trata de ganar tiempo a la espera de una coyuntura electoral que considere favorable.
Con un agravante muy significativo: las cuentas públicas acordadas entre el PSOE y Podemos necesitan el apoyo de los partidos nacionalistas que, sin duda, introducirán sus propias exigencias de gasto, además de pretender, como en el caso de los separatistas catalanes, una más que improbable benevolencia judicial.
No en vano, desde el propio partido socialista han surgido voces alarmadas ante la sola posibilidad de que el presidente del Gobierno hubiera delegado en el líder de Podemos, Pablo Iglesias, la negociación presupuestaria con ERC y el PDeCAT, voces que, sin duda, están detrás de las últimas declaraciones de Sánchez, reclamando para sí mismo y para el PSOE la responsabilidad de cualquier acuerdo con los nacionalistas.
Con idependencia de la peripecia política interna española, lo que desearía la Comisión Europea es un proyecto presupuestario que pusiera el acento en la contención del gasto público, más que en un hipotético incremento de los ingresos fiscales.
Pero, en cualquier caso, y dada la posición de riesgo sistémico que representa la actitud díscola del Gobierno italiano, Bruselas va a exigir al Gobierno mayor claridad contable, que es, precisamente, de lo que adolece nuestro Ejecutivo.
Europa, no lo olvidemos, está de nuevo ante un posible cambio de escenario económico que, como es habitual y así lo demuestran los indicadores financieros, va a perjudicar más a los socios periféricos -España, Grecia, Italia y Portugal- que, este 18 de octubre, vieron subir los intereses que deben pagar por los bonos a 10 años. No parece que sea el mejor momento para entregarse al populismo electoralista de la izquierda.
