Los estudiantes del País Vasco padecen un fenómeno abyecto. Ahora, la educación en las aulas también la imparten los asesinos de ETA.
Una decisión siniestra del Ejecutivo regional que encabeza Iñigo Urkullu. Una ofensa para la democracia.
Un ataque directo al respeto incuestionable que debería regir la relación entre cualquier institución pública y las víctimas del terrorismo.
¿Se imaginan a un familiar de cualquier afectado teniendo que soportar en su propia aula la versión de una asesina?
Es lo que va a pasar cuando Carmen Guisasola, con cuatro asesinados en su abyecta nómina criminal, aparezca en las imágenes del documental ‘Las Huellas Perdidas’.
Urkullu se equivoca gravemente en su viraje hacia la radicalidad. Desde la Transición hasta nuestros días, el Partido Nacionalista Vasco siempre ha sido un aliado natural del constitucionalismo.
No obstante, la obsesión del actual lendakari por no perder terreno electoral ante los proetarras de Bildu le está llevando a abrazar unas prácticas y postulados que lo hacen partícipe de una connivencia de facto con los violentos.
No parece, desde luego, que ni Carmen Guisasola ni Julen Madariaga -fundador de la banda terrorista y condenado por colaboración con ETA- sean las dos personas más adecuadas para hablarles a los menores sobre la historia vasca.
Para no blanquear la barbarie que asoló la sociedad de la región durante la dictadura del terror que aplicó ETA a lo largo de medio siglo, lo que habría que explicar de manera constante en las aulas son los 900 asesinados y 16.000 heridos que dejaron los terroristas como testimonio de su maldad absoluta.
De ahí que haya que rechazar de plano el plan de Urkullu para adoctrinar a los estudiantes. Antes de la proyección de este documental, ya existía un proyecto piloto para impartir una «memoria reciente» de la región. Entre otras cosas, esa «memoria», muestra a los miembros de ETA como parte de una «revolución juvenil».
Desde Periodista Digital, nos unimos a la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y a COVITE en la exigencia de la retirada de esta campaña de blanqueamiento que el Gobierno vasco está haciendo a los violentos.
