El chófer traidor de Bárcenas: “El jefe está fatal, le están puteando en la cárcel, está hasta los huevos”
El escándalo en torno a las actividades irregulares del Ministerio del Interior en la época de Jorge Fernández Díaz (2012-2015) no deja de crecer tanto de manera cualitativa como cuantitativa (El comisario García Castaño alias ‘El Gordo’ se quedó los papeles ‘secretos’ de Arenas, Soraya y Cospedal sustraídos a Bárcenas).
A las distintas entregas que han hecho Carlos Cuesta y Manuel Cerdán en
OKdiario en los últimos días sobre los métodos ilícitos de dicha institución, este 20 de noviembre de 2018 se añaden nuevas evidencias que siguen poniendo negro sobre blanco prácticas impropias de un país democrático (El otro soborno al chófer de Luis Bárcenas: Fernández Díaz lo enchufó en la Policía con 40 años).
Destinar 80 agentes para espiar a Luis Bárcenas e intentar rescatar así los papeles comprometedores que afectaban a Mariano Rajoy, Javier Arenas, Soraya Sáenz de Santamaría y Dolores de Cospedal es hacer un uso espurio del dinero público con fines de espionaje político (El ‘via crucis’ de Lola Delgado: la bancada ‘popular’ le pinta la cara y ella se agarra el ‘comodín Bárcenas’ para no dimitir).
El montante asignado a los fondos reservados está para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo, no para ponerlo al servicio de la impunidad de unos pocos.
Destinar 80 agentes para consumar ese tipo de espionaje es propio de un régimen dictatorial o de una república bananera, no de un país como España.
Estos hechos no hacen sino agrandar una bola de nieve que rueda cada vez con más fuerza a través de nuestra actualidad informativa, pero que de un modo sorprendente aún no ha provocado la dimisión del actual portavoz en el Senado del Partido Popular, Ignacio Cosidó, a pesar de que era entonces el director general de la Policía Nacional y el número tres del Ministerio del Interior tras el ministro Jorge Fernández Díaz y el secretario de Estado Francisco Martínez Vázquez.
El hoy hombre fuerte de Pablo Casado en la Cámara Alta coordinó todas las operaciones que tenían como finalidad hacerse con los documentos sensibles de Bárcenas para destruirlos, no para ponerlos a disposición de la Justicia. Para lo que no dudaron en chantajear a su chófer, Sergio Ríos Esgueva, con 48.000 euros de todos los españoles y un enchufazo en el Cuerpo Nacional de Policía posibilitado por el propio Cosidó.
Ahora sabemos, además, que hubo 80 agentes que, en vez de estar velando por la seguridad de todos los españoles, se dedicaron a espiar a Bárcenas. La justicia debe llegar hasta el final en sus investigaciones sobre la cúpula de Interior. Casado, por su parte, tiene que depurar responsabilidades en su partido. Todo lo que no sea eso, podría acabar demasiado pronto con una carrera con mucho potencial.
