Opinión
Gabriel Rufián (ERC), Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Iglesias (PODEMOS). EP

NO es usual que un presidente de Gobierno sea desmentido por ministros de su Ejecutivo, pero es lo que pasó ayer cuando el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, desdijo la idea de Sánchez de suprimir la inviolabilidad del Rey prevista por la Constitución (La confesión de Pedro Sánchez a Piqueras sobre el rey Felipe VI que destrona al PSOE ).

Sánchez incurrió en la agravante de dar difusión a semejante dislate en una entrevista con varias televisiones, lo que supuso expandir la imagen de un presidente que opina sin criterio y de forma temeraria (Ábalos y Sánchez reculan: el PSOE no pedirá la dimisión de Susana Díaz si pierde el Gobierno).

Está bien que el Ejecutivo no tenga previsto modificar la Constitución para tal fin, pero es grave tener un presidente que va por libre (La demoledora carta de un médico andaluz a Iglesias por engendrar fascistas con su mala leche ).

En pleno aniversario de la Constitución, cuando la figura del Monarca está sometida a una desprotección penal y a una campaña de separatistas y republicanos de extrema izquierda, es inconcebible que el jefe del Ejecutivo eche leña al fuego con una propuesta que deja expuesto al Jefe del Estado ante cualquier querella malintencionada (La ministra Delgado dice que proetarras y golpistas son constitucionales, "pero VOX no").

No es cierto que la inviolabilidad esté caduca. Sánchez debe informarse mejor antes de lanzarse a estas locuacidades, en las que, además, se atreve a asumir el papel de portavoz de Felipe VI, comprometiendo un supuesto apoyo del Monarca a su idea.

La Jefatura del Estado debe estar protegida con la inviolabilidad, que debe vincularse al refrendo gubernamental, por el que los actos del Rey siempre están avalados por el Ejecutivo.

Podría haber planteado Sánchez la supresión de otros privilegios, como los que mantienen los parlamentarios, también inviolables por sus manifestaciones en el ejercicio de sus funciones, o protegidos por el suplicatorio, que condiciona el enjuiciamiento de un parlamentario a la autorización de la Cámara.

Podría haber ofrecido alternativas a la mera supresión, pero no tenía que haber creado un debate peligroso. El problema de Sánchez es que está absorbido por la dialéctica de sus socios separatistas y de extrema izquierda y no repara en el daño que está haciendo al Estado.