Opinión
La bandera española. EP

CELEBRADA de forma excepcional y sin precedentes en Madrid, fuera de su tradicional sede barcelonesa, la entrega de despachos a la última promoción de jueces fue ayer el marco en el que Felipe VI reconoció al poder judicial la plena legitimidad para garantizar el bien supremo de la Justicia y la convivencia entre los españoles (¿Sabías que los diputados separatistas y los proetarras tienen derecho a raciones de ibérico a 5€ y cañas a uno?).

Las instituciones han cedido a la presión política para trasladar a Madrid un acto que después de dos décadas deja atrás Cataluña, preocupante expresión del abandono y la desaparición del Estado en una comunidad autónoma que necesita mensajes claros sobre su genuina identidad, y no muestras del desistimiento que busca el separatismo ('Informe Semanal' blanquea los apoyos de los proetarras y los golpistas a Pedro Sánchez con un infame reportaje).

En esta coyuntura de abatimiento político, el mensaje del Rey representó un respaldo explícito a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que en unas semanas afrontará el más grave de los juicios orales celebrados en democracia, el que sentará en el banquillo a los responsables del golpe contra el Estado perpetrado en Cataluña.

Entre el silencio del Gobierno y los ataques y amenazas del independentismo catalán, el mensaje del Rey da continuidad a la defensa del orden constitucional que ya expusiera en su discurso de la Pascua Militar y recoge los frutos de lo que, en buena medida, él mismo impulsó con su histórica intervención el 3 de octubre de 2017. Si del Gobierno dependiera, este juicio nunca habría tenido lugar.

Basta con recordar las presiones a la Abogacía del Estado para que rebajara su acusación al delito de sedición, lo que finalmente consiguió, o las críticas continuas de ministros y dirigentes socialistas a la situación de prisión provisional de los responsables del golpe.

El apoyo del Rey a los jueces en su defensa de la legalidad y de la Constitución es el contrapunto necesario para que los tribunales sientan que el Estado, representado por la Corona, los respalda en este compromiso histórico de juzgar la traición de un gobierno y de un parlamento autonómico contra la Constitución a la que deben su existencia y legitimación.

Por esta misma trascendencia del mensaje de Don Felipe, habría sido más coherente que la entrega de despachos a los nuevos jueces se hubiera celebrado en Barcelona, como venía sucediendo desde que se trasladó la Escuela Judicial a la Ciudad Condal.

Si el Gobierno de Pedro Sánchez se blindó para celebrar un dudosamente necesario Consejo de Ministros en la capital catalana, con mayor motivo se habría justificado un esfuerzo de seguridad para celebrar un acto del máximo nivel institucional y de profundo y claro significado constitucionalista.

Para muchos catalanes, el traslado de la entrega de despachos a Madrid se habrá recibido con un cierto sentimiento de abandono, algo injusto para el mérito que esos catalanes acreditan día a día en un contexto cada vez más hostil a la defensa de la unidad nacional de España.