Opinión
Los manifestantes por España de este 10 de febrero de 2019 exigen la dimisión de Pedro Sánchez. EP

Ha llegado la hora (Cuando son 'rojos', en la plaza caben dos millones; si los manifestantes llevan banderas de España, solo caben 45.000).

LA multitudinaria concentración que este 10 de febrero de 2019  tuvo lugar en la plaza de Colón de Madrid fue un éxito antes de que se celebrara. La firme determinación de sus convocantes y el inequívoco hartazgo de una amplia mayoría de la sociedad española obligaron el pasado viernes al Gobierno de Pedro Sánchez a dramatizar una ruptura de relaciones con el separatismo catalán (España es un clamor contra el 'okupa' Sánchez y las claudicaciones ante los golpistas y sus compinches).

Además, la rebelión interna del PSOE contra la deriva anticonstitucional del Gobierno remató la semana horrible de Sánchez y de su vicepresidenta. Los convocantes de la manifestación, PP y Cs, con el apoyo de otras formaciones, como Vox, y entidades cívicas, acertaron al mantener el llamamiento a los ciudadanos, aunque el Gobierno simulara una ruptura con los nacionalistas catalanes, cuyos votos siguen siendo imprescindibles para que Sánchez siga en La Moncloa.

Por esto mismo y porque Sánchez no ha convocada ya elecciones anticipadas, el supuesto fin de las negociaciones con la Generalitat y los separatistas tiene todos los visos de ser una nueva simulación del presidente, para quien la mentira es una opción lícita. El anuncio del Gobierno de que no dialogará más con los independentistas tiene tanto valor como la promesa de Sánchez de convocar elecciones anticipadas en cuanto llegara a La Moncloa.

Y, en efecto, estas elecciones anticipadas son la única vía admisible que le queda a Sánchez para poner fin a un mandato que está siendo una impostura de principio a fin. Sin Presupuestos Generales del Estado, sin mayoría estable en el Parlamento, con el vuelco andaluz y zarandeado por los separatistas, Sánchez se ha convertido en un espejismo de presidente de Gobierno, pero también en un político muy dañino para los intereses de España. 

Los acontecimientos de los últimos años en Cataluña han arrinconado la defensa de la Nación española a favor de unas políticas de apaciguamiento que no ha causado ni el desistimiento de los separatistas, ni el fortalecimiento del Estado.

En su doble obsesión por mantener el poder y aislar al PP, el Gobierno de Sánchez ha superado cualquier límite imaginable en el trato con los separatistas. Ahora que Sánchez defiende la calidad de la Justicia española en el extranjero es oportuno recordar que varios de sus ministros, y algunos dirigentes del socialismo catalán, criticaron la prisión provisional en la que se encuentran los principales cabecillas del golpe separatista.

También cuestionaron la calificación de los hechos como rebelión hasta el extremo de obligar a la Abogacía del Estado a acusar por sedición, a lo que siguió una purga en este cualificado cuerpo de funcionarios.

En otro orden de cosas, hubo promesas de inversiones milmillonarias en Cataluña a costa de otras regiones, consenso entre Gobiernos para hablar de «conflicto» y «solución votada» solo por los catalanes, propuestas de reforma federal de la Constitución, como si esta fuera culpable de la desafección separatista. Incluso Sánchez ofreció un nuevo Estatuto que recuperara artículos anulados por el TC, como si tal cosa fuera posible sin arriesgarse a cometer un delito de desobediencia al Alto Tribunal.

Estos mensajes de Sánchez han legitimado el discurso del separatismo, aunque nada tan destructivo para el interés nacional como su reunión con Torra el pasado 20 de diciembre, de la que ahora se sabe que fue un ejemplo de diplomacia opaca en la que se negoció un formato de relaciones entre gobiernos -relator, mesa de partidos- inaceptable para la dignidad de la democracia y la nación españolas.

Era necesario que la plaza de Colón devolviera la Nación española al centro del debate político. Nación entendida con aquel sentido ilusionante, revolucionario y patriótico de la Constitución de 1812, que afirmaba que «La soberanía reside esencialmente en la Nación».

Nación entendida como esa «Patria común e indivisible de todos los españoles» a la que se refiere el artículo 2 de la Constitución de 1978, desembocadura de siglos de convivencia y solidaridad del pueblo español, fuente de libertades de derechos y de igualdad entre españoles, de seguridad jurídica bajo leyes comunes, de unidad territorial y política y de respeto a las instituciones.

No eran necesarias algaradas callejeras sino hacer visible, dentro y fuera de nuestras fronteras, que se acabó la espera a no se sabe qué solución negociada, que no se tolera diseñar con golpistas el futuro de España, que no es legítimo que un presidente del Gobierno ejecute políticas que vulneran la Constitución.

Después de muchos años de monopolización de la calle por fuerzas anticonstitucionales y separatistas, le toca el turno, en las calles y en las urnas, a los españoles que quieren que la Nación española sea respetada.