Negro sobre blanco (A los golpistas catalanes se les está poniendo color de hormiga el juicio en el Tribunal Supremo).
Las declaraciones testificales de Diego Pérez de los Cobos, coordinador del operativo policial del 1-O, y de Monserrat del Toro, la secretaria judicial que tuvo que ser evacuada por la azotea de la Consejería de Economía durante los disturbios del 20 de septiembre de 2017, resultaron de extraordinaria utilidad para calibrar el grado de violencia y planificación alcanzado en el culmen del procés.
En primer lugar, por la minuciosa descripción que hizo Pérez de los Cobos de la falta de compromiso y diligencia de los Mossos en cumplimiento del mandato judicial que exhortaba a impedir la celebración del referéndum ilegal.
Y en segundo lugar, porque la letrada atrapada en la Consejería de Economía declaró que aquel día sintió miedo y que la responsable de los Mossos denegó los refuerzos que ella misma y la Guardia Civil solicitaron mientras se producían las coacciones de las bases de la ANC y Òmnium. Sus palabras son clave para fundamentar tanto la acusación de violencia como el entorpecimiento de las actuaciones judiciales.
Del testimonio de ambos cabe colegir el papel central que ejerció la policía autonómica en la asonada independentista. Su inacción fue de tal envergadura que De los Cobos no dudó en aseverar en el Supremo que el plan orquestado por Josep Lluís Trapero, ex mayor de los Mossos, buscaba incluso «facilitar» la consulta.
Esto explica la falta de reflejos a la hora de impedir la ocupación de los colegios electorales desde el mismo viernes por la tarde, la falta de cooperación con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y la bochornosa pasividad durante el día de la votación mientras los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil sufrían agresiones.
Idéntico comportamiento obligó a Montserrat del Toro a pedir auxilio al juez para poder abandonar la sede de Economía ante las aglomeraciones en la calle y los gritos con megáfonos que clamaban «no saldrán, no pasarán».
El hecho de que la secretaria judicial, que reside en Barcelona y sigue ejerciendo como letrada en el juzgado 13, declarara sin que las cámaras hayan tomado su imagen da una idea del clima de acoso soberanista que aún persiste y que debería alejar.
La independencia, al contrario de lo que han sostenido en el juicio los 12 encausados, no constituía una proclama simbólica, sino que buscaba materializar la secesión de Cataluña mediante el principio de efectividad, es decir, por la vía de la imposición de los hechos.
Tal como sostiene la Fiscalía, el Govern de Carles Puigdemont, apoyado en las entidades sociales y haciendo un uso espurio de la mayoría parlamentaria del independentismo, levantó una arquitectura legislativa orientada a declarar la independencia.
Si ésta no se materializó no fue porque se encajara la DUI en el preámbulo de la declaración secesionista, sino por la fuerza coercitiva del Estado a través de la acción de la Justicia y la aplicación del artículo 155.
