Josep Lluís Trapero, que fue durante unos meses -entre los atentados de agosto y la DUI- el héroe indiscutible del independentismo catalán, no pudo ser más lacerante este 14 de marzo de 2019 contra quienes durante aquel tiempo le presentaban como el último dique de contención frente al poder del Estado español.
Llega el turno del exjefe de los Mossos, que entra en el Salón de Plenos acompañado por su abogada, Olga Tubau, quien intenta decir unas palabras, pero Marchena lo impide.
Le explica que, en el caso de que su defendido decida declarar, su única misión allí es indicarle si sí o si no debe responder a cada pregunta que le formulen las acusaciones.
Pero Trapero dice que sí, que responderá a todas y en ningún momento atiende a su abogada, que a partir de entonces y hasta bien entrada la tarde se dedica a tomar notas con una pluma estilográfica de usar y tirar.
De vez en cuando mira a Trapero con un gesto extraño, a mitad de camino entre la admiración y el espanto. Trapero está toreando a cuerpo gentil la acusación de rebelión.
El caso es que el jefe de los Mossos contesta a todas las preguntas que le formula, de forma embarullada y sin orden ni concierto, Javier Ortega Smith, el abogado de Vox.
La situación se convierte de pronto en muy absurda. Por dos cuestiones. La primera es que Ortega tiene allí delante a un testigo de la importancia de Trapero dispuesto a declarar y no es capaz de sacarle ni un titular.
La segunda y principal es que se va dejando en el tintero las preguntas más relevantes, entre ellas las que conciernen a la reunión que, el 28 de septiembre de 2017, el comisario principal de los Mossos y sus principales lugartenientes mantuvieron en el Palau de la Generalitat con Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Joaquim Forn para pedirles que desconvocaran el referéndum.
El olvido de Ortega Smith es muy grave para el resto de las acusaciones.
Cuando el fiscal Javier Zaragoza intenta que Trapero -que ha basado su declaración en una defensa cerrada de los Mossos y en el reconocimiento de algunos errores como su sonado enfrentamiento con el coronel Pérez de los Cobos- relate su encontronazo con Puigdemont la víspera del referéndum, Marchena le quita la palabra:
-Señor fiscal, usted sabe que solo podrá interrogar por aquello que ya haya sido planteado por la acusación popular.
Javier Zaragoza intenta quejarse, pero el presidente del Tribunal no le da ninguna opción. Mientras el fiscal formula una protesta, al otro lado de la sala los abogados de la defensa sonríen aliviados.
Aunque la declaración del jefe policial no les ha beneficiado -ha llegado a decir que Joaquim Forn realizó declaraciones inoportunas en relación a la labor de los Mossos, ha mostrado su «incomodidad» con las veleidades secesionistas y ha desvelado que llegó a tener un plan para detener a Puigdemont-, tampoco ha hecho demasiada sangre.
Pero, al final de la tarde, a las 18.50 exactamente, el juez Marchena utiliza por primera vez en el juicio su derecho a preguntar al testigo. Y hace la pregunta que el fiscal se quedó sin formular.
– ¿Qué recuerdo tiene de aquella reunión [con Puigdemont, Junqueras y Forn]?
Y ahí Trapero suelta un párrafo medido, preciso, letal para el «procesado rebelde» y para los que, estupefactos, lo miran desde el banquillo.
Sucedió cuando el mayor de los Mossos narró la última reunión que mantuvo la cúpula del cuerpo, tres días antes del 1-O, con Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Joaquim Forn.
«Ya habíamos recibido la orden de la jueza, y vemos que eso [el referéndum] no se estaba parando. Iba a haber en la calle dos millones de personas y 12.000 o 15.000 policías, y eso iba a ocasionar conflictos graves de orden público y de seguridad ciudadana», empezó Trapero, cuestionando la versión de los acusados de que en ningún momento se previó que hubiera violencia durante la votación.
La segunda parte de su arenga a la cúpula del Govern fue una advertencia en toda regla.
«Les emplazamos al cumplimiento de la legalidad y de las órdenes judiciales, les dijimos que no se equivocasen con nosotros porque nosotros las íbamos a cumplir. Que no íbamos a quebrar con la legalidad y la Constitución, que no acompañábamos el proyecto independentista. Les dijimos que deberían ser conscientes de que estábamos notificados personalmente por el Tribunal Constitucional, y que corríamos riesgos personales».
