Si algo ha quedado claro en la forma de hacer política de Pedro Sánchez desde su llegada al poder con una moción de censura, es su capacidad de trazar coaliciones y alianzas con el mundo nacionalista más radical.
Esta habilidad tendrá que emplearla con especial destreza si ahora quiere gobernar toda una legislatura en minoría, poniendo para ello en práctica una geometría variable a izquierda y derecha de su espectro político, geometría que también buscará el favor de los independentistas catalanes.
Dentro de esta estrategia se incluye una cesión más a los separatistas de ERC a cambio de cuatro años con la fiesta en paz. No habrá referéndum, pero sí un Estatut tan parecido al que tumbó el Constitucional que enmudecerá a todo el Poder Judicial.
A eso, además, se unen otras cesiones como el control del Consejo General del Poder Judicial a la Generalitat, un sueño largamente acariciado por los secesionistas. Esta posibilidad ya quedó entrevista en la Declaración de Pedralbes que, no por casualidad, fue la que aceleró la convocatoria anticipada de elecciones, dada la gravedad de lo que allí se estaba negociando.
Las consecuencias que una cesión de estas características tendría para el Estado de Derecho en España sería difícilmente cuantificables. Daría pie no solo a que los independentistas impusieran su ley en Cataluña, sino que también llevaría a un efecto expansivo de corte mimético por el resto de las comunidades autónomas.
Quizás sea esto lo que busca Sánchez y el PSOE en realidad. El federalismo, con o sin república, es un sueño largamente acariciado por el progresismo español, e institucionalizar una suerte de reino de taifas judicial es dar muchos pasos en esta dirección.
A ello se suma el resultado del 28-A. El PSOE sólo puede gobernar en España con las derechas divididas y en alianza con los independentistas. Mientras que el «divide y vencerás» ya se lo aplica la derecha a sí misma, el troceamiento de las instituciones españolas es el precio que el PSOE parece dispuesto a pagar para seguir contando con el apoyo independentista en sus cábalas de Gobierno, presentes y futuras.
El problema es que actuar así implica, como decimos, el cuarteamiento de una justicia homogénea e independiente, lo cual viene a ser tanto como la desarticulación de nuestro Estado de Derecho.
