ANALISIS

España está moral e históricamente obligada a proteger a Leopoldo López

España está moral e históricamente obligada a proteger a Leopoldo López
Leopoldo López, líder opositor en la lucha por la democracia en Venezuela. EP

LOS gobiernos occidentales y, en especial, el que preside Pedro Sánchez, no deberían perder de vista que el único obstáculo que entorpece una salida pacífica y razonable para la calamitosa situación en la que se encuentra Venezuela es Nicolás Maduro (La Corte venezolana ordena el arresto de Leopoldo López).

El cabecilla del régimen totalitario que aún detenta la banda presidencial es el principal culpable de haber sumido al país en la miseria tras años de una gestión catastrófica y ahora -una vez que ha destruido concienzudamente todos los mecanismos constitucionales- ya no tiene más medio que seguir utilizando la violencia contra el clamor de la inmensa mayoría de los venezolanos que le están exigiendo que se vaya, porque para ellos es una cuestión de vida o muerte (Josep Borrell intenta poner un ‘bozal’ a Leopoldo López: «La embajada no será para el activismo político»).

Conviene volver a explicarlo con toda claridad porque esto no es una cuestión en la que quepan interpretaciones ni que se pueda abordar como si fuera una competición deportiva en la que contemplar desde una butaca el enfrentamiento entre dos bandos igualmente legitimados. Para los venezolanos, el fin de este desastroso experimento bolivariano ya es una cuestión de vida o muerte (Leopoldo López: «Maduro no puede confiar ni en quien le sirve el café»).

Desde este ángulo, la presencia de Leopoldo López en la residencia del embajador de España en Caracas es un capítulo vital del proceso de liberación de Venezuela, muy relevante para un país como el nuestro, que ha sido escogido por decenas de miles de venezolanos para escapar de la pesadilla totalitaria del chavismo.

Hubo un tiempo en el que el que cualquier Gobierno español estaba obligado a actuar con una razonable cautela porque necesitaba mantener una interlocución pragmática con las autoridades «de facto», teniendo en cuenta que también debía defender los intereses de los miles de españoles que viven allí.

Pero las cosas han llegado a un punto en el que para todos los ciudadanos de Venezuela, incluyendo los hispano-venezolanos, la situación que afrontan no es soportable. Ya no caben medias tintas, porque ni siquiera para las grandes empresas que alguna vez intentaron entenderse con el chavismo, ya no queda nada que salvar.

España ha hecho bien acogiendo a López y además está obligada a defender su integridad física. No tiene ninguna justificación esa reserva que ha hecho el ministro Borrell, diciendo que controlará las actividades políticas de López, porque su mera presencia en la residencia diplomática, en lugar de estar preso, es ya todo un pronunciamiento político en toda regla que en estos momentos honra a España.

Todo lo contrario a la actitud de Iglesias que, obligado a justificar los favores recibidos del chavismo, se está comportando de forma indigna y oprobiosa, sobre todo con los venezolanos.

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