LA presión del nacionalismo excluyente produce graves distorsiones que no sólo se reflejan en la inestabilidad institucional o la conflictividad jurídica.
Sus peores efectos, porque son los más duraderos y menos reversibles, son los que hacen mella en el tejido social y en la calidad de la democracia.
Un dato lo demuestra: en la provincia de Gerona, en un tercio de sus municipios sólo se presentan para el 26-M candidaturas del ámbito separatista, como Esquerra Republicana, JpC y la CUP.
Son 78 de 221 localidades en las que estarán ausentes los socialistas, el Partido Popular, Ciudadanos y, por supuesto, Vox. El partido de Abascal sólo compite en cuatro municipios, además de la capital.
Podría decirse que este escenario -en el que, por ejemplo, el PP pasa de 70 a 30 candidaturas, mientras Ciudadanos llega al frío número de 25- es resultado de la libre evolución política de los acontecimientos.
Tal explicación no sería más que una cortina de humo para evitar enfrentarse al problema de la limpieza ideológica a la que aspira todo nacionalismo separatista, más aún cuando está animado por un cierto fanatismo etnicista y supremacista.
Esta historia nacionalista ya es conocida, porque es la misma que, por otros medios, sucedió en el País Vasco. La depuración del censo electoral en las provincias vascas fue lenta pero inexorable y se tradujo en el exilio de decenas de miles de ciudadanos que dejaron de votar opciones constitucionalistas para el Parlamento de Vitoria, las diputaciones provinciales y los municipios.
Sin duda habrá quien diga que cualquier comparación entre lo sucedido en el País Vasco y lo que ocurre en Cataluña es una exageración. Y lo sería si el análisis se detuviera sólo en los medios -la táctica- y obviara la estrategia, que es hacer la vida imposible al mayor número de catalanes no nacionalistas para que acaben desistiendo con una muerte civil o política. Para que acaben sin voz ni voto.
Estos procesos son a largo plazo y en sus comienzos nunca se manifiestan de forma burda y escandalosa.
Aunque los avisos son claros. El infame tuit que compartió la expresidenta del Parlamento catalán Núria de Gispert, en el que se comparaba a Inés Arrimadas, Juan Carlos Girauta, Enric Milló y Dolors Montserrat con cerdos enviados a la exportación es un síntoma muy significativo -unido a otros de similar pelaje- de la situación en Cataluña.
Los que piden altura de miras y «luces largas», literatura envolvente de una propuesta de cesión a los nacionalistas, deberían aplicar esos mensajes para ver lo que le pasa a las sociedades envenenadas por un nacionalismo separatista que no acepta el imperio de la ley, las reglas de la democracia y la igualdad entre ciudadanos.
El empobrecimiento de la democracia en Cataluña es un problema de máxima gravedad que pone al futuro Gobierno en la responsabilidad de proteger la convivencia y la libertad política frente a la estrategia del separatismo.
