ES DIFÍCIL DECIR QUIÉN MÁS NOS DAÑA
Antes de entrar de lleno en faena o materia, o sea, a dar mi parecer sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas en nuestro país, a propósito del no/sí (táchese lo que no proceda) debate de Atresmedia, he de dar por consabidas varias claves o premisas: 1) que la Junta Electoral Central la componen personas con dos dedos de frente; 2) que sus cabales miembros (aunque cada quien tenga sus ideas, será escrupuloso y respetará al máximo la letra y el espíritu de la ley) no pretenden favorecer a un partido político en concreto y perjudicar al resto; 3) que todos sus formantes entienden que un debate (o, mejor, varios) entre los distintos candidatos puede favorecer que los ciudadanos se decanten por ir al colegio electoral el próximo 28-A a votar a una formación o a otra, o por ninguna (inclinándose por votar en blanco, nulo o abstenerse, sin recibir un castigo por ello, ya que en España el voto no es obligatorio).
No pongo en tela de juicio la decisión, ajustada a derecho, de la JEC; ahora bien, de dicha decisión, el abajo firmante ha colegido varios criterios: la JEC (de manera involuntaria; así lo juzgo), al adoptar tal resolución, ha variado sustancialmente el devenir de los acontecimientos (precipitando unos, al favorecerlos, y otros, al perjudicarlos), el panorama que había (Pedro Sánchez ahora dice que no va a confrontar las propuestas de su programa electoral con quienes había pactado hacerlo y en el medio, Atresmedia, que ya lo había publicitado, a bombo y platillo, el próximo martes, 23). Si dicho debate no se celebra, ¿no se le habrá hurtado a la opinión pública y a la publicada ese debate acordado, consensuado, acaso clarificador y determinante para, una vez visto lo visto, oída la defensa que cada representante de cada partido hubiera hecho de sus propuestas, decidirse por la mejor opción o papeleta? ¿De esa consecuencia no es culpable la JEC? ¿La causa de la causa ha dejado de ser causa del mal causado? Ciertamente, la única encuesta inobjetable es la del escrutinio y recuento de las papeletas de las urnas el día de los comicios. Ahora bien, alguna validez deben tener tales sondeos de opinión (en caso contrario, no se harían), porque, si no leí mal, el último barómetro del CIS costó la friolera de 300.000 euros. Y ni el Estado ni el Gobierno pueden avenirse ni consentir que se gaste un solo euro del erario que no tenga alguna utilidad pública, que no redunde en un beneficio colectivo, general.
Al decantarse por excluir del debate a Vox, ¿la JEC no ha convertido, sin querer, a Vox en un partido víctima? ¿No le ha dado con ello un plus, un valor publicitario añadido? ¿La JEC es consciente de que su decisión puede ser un acicate o un aliciente para cierto ciudadano que abrigaba alguna duda al respecto y esto, su resolución (perjudicial o beneficiosa, pues así Abascal no tiene que responder convincentemente a los argumentos o razones que en contra pudieran formularle sus adversarios) la ha terminado de disipar?
La JEC habrá actuado de modo correcto, ajustadamente a derecho, pero, mientras reflexionaba sobre el tema en cuestión, he recordado una frase célebre de Edward Bulwer-Lytton que viene como anillo al dedo al caso: “Es difícil decir quién hace el mayor daño: los enemigos con sus peores intenciones o los amigos con las mejores”.
Ángel Sáez García
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