Si hay un lugar en mundo donde se pueda ver funcionando a una maquinaria de la mordaza como la que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han comenzado a instaurar, es en Venezuela.
La narcodictadura de Nicolás Maduro ha fracasado económica y socialmente, pero ha sido muy exitosa reprimiendo, asesinando y ejerciendo un control casi absoluto de la información, y en este último punto se sirven de la denominada «Ley contra el Odio». Un instrumento legal con 25 artículos que fue aprobado por la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente en el año 2017 –cuando la presidía la famosa Delcy Rodríguez– para maniatar todo tipo de opiniones contrarias al narcorégimen.
La ley castiga lo que ha sido definido como «delitos de odio» con hasta 20 años de cárcel y también prevé la fórmula para ilegalizar partidos políticos y cerrar medios de comunicación que envíen mensajes «a favor de la guerra o (hagan) apología del odio nacional».
Pero el rango de acción no se circunscribe exclusivamente a la emisión de estos mensajes en radio o en televisión, como era de esperarse la dictadura vigila muy de cerca los mensajes que se emiten en las redes sociales y en aplicaciones de mensajería privada como WhatsApp, «queda prohibida la publicación de mensajes de odio, violencia o que inciten a esto, en redes sociales y otros medios de comunicación digital», reza el documento.
En cuanto a los partidos políticas pueden ser ilegalizados siempre que la dictadura considere que «promueven el fascismo, la intolerancia o el odio (…) no podrán ser inscritos ante el Consejo Nacional Electoral, y se revocarán las inscripciones a aquellos que incumplan la presente disposición», indica el texto.
Además, la ley obliga a los partidos a incluir en sus normas disciplinarias una «medida preventiva de suspensión y la sanción de expulsión de personas que contravengan la presente ley”. Si no tienen dicho texto el CNE también revocará su inscripción.
Detención de ciudadanos y persecución de quienes critiquen al Gobierno
La crisis del coronavirus ha sido la excusa perfecta del régimen chavista para reajustar la mordaza que ya tiene años imponiendo a los venezolanos.
Con esta ley que fue aprobada en el años 2017 la dictadura chavista está realizando detenciones de venezolanos que ya no pueden ni siquiera criticar al régimen por WhatsApp. Pues para el régimen esto incumple la normativa que promueve el «reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco» y que también se encarga de «prevenir y erradicar toda forma de violencia, odio e intolerancia política, social y de cualquier otro tipo».
En estos tiempos de pandemia, los agentes policiales están actuando con más ahínco contra las personas que critiquen al régimen, como le ocurrió al médico Luis Araya, quien fue detenido por realizar una crítica a la gobernadora del estado Lara, Carmen Melendez y otra al ministro de Salud a través de WhatsApp.
El adjunto del Hospital Pastor Oropeza Riera, fue secuestrado por el régimen –detenido sin orden judicial por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)– y posteriormente liberado con régimen de presentación –y obligado a no volver a emitir ese tipo de mensajes– el jueves 16 de abril de 2020 tras más de 18 horas de detención en Carora.
Según informó a Periodista Digital el coordinador de ‘Funpaz’, Andrés Colmenárez, la crítica por la carencia de insumos para hacer frente al coronavirus y una foto en la que se observa al ministro de Salud fue la gota que derramó el vaso para su detención.
«La gota que derramó el vaso fue que el médico colgó una imagen en su estado de WhatsApp, en esta se ve al ministro de Salud con un traje hermético para prevenir el coronavirus, mientras el doctor que le acompañaba apenas tenía una mascarilla», expresó Colmenárez a PD.
