La organización internacional solicita un cese inmediato de los ataques contra las voces disidentes al régimen

La ONU denuncia que Maduro agudiza sus ataques a los derechos humanos tras la ‘cortina’ del COVID-19

La dictadura bolivariana está, como advirtió EEUU, utilizando la pandemia para afianzarse en el poder

La ONU denuncia que Maduro agudiza sus ataques a los derechos humanos tras la ‘cortina’ del COVID-19
Nicolás Maduro PD

Los expertos en derechos humanos de la ONU manifestaron su alarma ante el aumento de amenazas, ataques y cargos contra periodistas, trabajadores de la salud y otras personas en Venezuela.

Una tendencia que, según explican, busca disuadir a quienes trabajan para salvaguardar los derechos humanos.

«Estamos profundamente preocupados por lo que parece ser un aumento de la estigmatización, los ataques y la criminalización de defensores de los derechos humanos, incluidos periodistas desde que se declaró el estado de emergencia sanitaria del 13 de marzo «, dijeron los expertos en un comunicado.

El acceso a la información de la población sobre la dimensión de la crisis sanitaria y las medidas adoptadas por el Gobierno es un derecho clave en estos momentos.

Por ello, las autoridades deben abstenerse de adoptar cualquier tipo de represalias en contra de los profesionales de la salud, comunicadores sociales y quienes utilizan las redes sociales para brindan información y alertar a la población sobre la pandemia.

«Nos preocupa aún más el efecto disuasorio que esto puede tener en la legítima labor de defensores y periodistas que trabajan para salvaguardar los derechos humanos en el contexto de la pandemia de COVID-19 y durante un año electoral, cuando el ejercicio de la libertad de expresión e información es esencial», dijeron los expertos.

El apoyo público a quienes defienden los derechos humanos y periodistas sin discriminación es vital para permitir la promoción y protección de los derechos humanos.

«Instamos al gobierno de Venezuela a promover espacios de diálogo, reafirmando al mismo tiempo su compromiso con los derechos humanos y a no adoptar una legislación que restrinja aún más la libertad de asociación, a través de sanciones a las organizaciones de la sociedad civil que reciben financiación internacional», señalaron.

Los expertos se han puesto en contacto con el gobierno de Venezuela para comunicarle sus preocupaciones.

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