Comenzó la fiesta de las expropiaciones en Argentina.
El socialista Alberto Fernández, quien en un viaje a España confesó ser muy amigo de Zapatero, anunció hace un par de días «la intervención del Grupo Vicentin», también informó que había remitido al Congreso «una ley de expropiación para garantizar el funcionamiento de la compañía y los puestos de trabajo».
Según el presidente argentino se trata de «una decisión estratégica para la economía», sin embargo en el país suramericano el movimiento intervencionista ha sido recibido con preocupación, recordando que la estrategia de Cristina Fernández de Kirchner que generó una grave crisis en 2008.
La discusión pasa del coronavirus a las medidas económicas con un claro componente de sectarismo y castigo político.
El Grupo Vicentin es la sexta empresa agroexportadora de granos, soja y derivados de Argentina y cuenta con alrededor de 2.600 empleados. El año 2019 fue la principal exportadora de aceites, harina de soja y girasol. Produce 29.500 toneladas de alimentos por día, de las cuales el 85 % son para exportación. También es la mayor productora de biodiesel.
La interpretación de la oposición
Desde Juntos por el Cambio, la alianza de partidos políticos opositores al tándem Fernandez – Kirchner, la intervención resulta «peligrosa, ilegal e inconstitucional», refiriéndose al modelo de expropiaciones que «terminaron costando muy caras» y claramente «deteriora la confianza en el país y cierra la puerta a las inversiones».
«La intervención desautoriza al Congreso y el Poder Judicial, da un primer paso en el camino para estatizar el mercado agropecuario, repite experiencias anteriores que nos terminaron costando muy caras… es una medida innecesaria y peligrosa, de consecuencias impredecibles, que deteriora la confianza en el país y cierra la puerta a las inversiones necesarias para salir de la crisis generada por la pandemia», afirmaron en un comunicado.
Los oficialistas también señalan que la empresa fue la principal aportante para la campaña electoral del expresidente Mauricio Macri, según algunos medios, su aporte fue de 330.000 dólares.
La empresa acumula deudas por 1.500 millones de dólares y se encuentra en concurso de acreedores. Les debe pagos a cerca de 3.000 productores y a una decena de bancos. Pero además es señalada por recibir 300 millones de dólares del Banco de la Nación, una cifra que superó el tope legal de préstamos establecidos por la institución.
Venganza política
El caso está judicializado, y Javier González Fraga, expresidente del Banco Nación, es investigado por el presunto delito de defraudación. En este sentido, la expropiación viene a ser una fórmula para llegar a los dato internos de la empresa para tomar venganza política.
Es el inicio de lo que podría ser un conjunto de expropiaciones en cadena, y una vez más como base encontraríamos al COVID-19 y la situación de emergencia económica.
Es la Presidenta del PRO pero no sabe que Vicentín fue el principal aportante de Juntos por el Cambio por $13.5 millones de dólares. ¿Será que se hace la que no sabe porque el Banco Nación le prestó 104 millones de dólares incluso luego de que Vicentín dejara de pagarle al BNA? https://t.co/KNYO6sPKWl
— Diego Iglesias (@IglesiasDiego) June 9, 2020
En este sentido, Alberto Fernández se excusó afirmando que es el rescate de una empresa en ruinas, y que no es intención de su gobierno aplicar la misma medida con otras firmas.
La empresa quedaría bajo la gestión de YPF Agro, la unidad de negocios agropecuarios de la petrolera estatal argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la cual fue reestatizada en 2012, en un proceso que dio inicio a conflictos judiciales internacionales que aun no terminan.
