El COVID-19 se convirtió en una nueva excusa para aislar aún más a los presos políticos

Las brutales torturas del régimen chavista a los militares detenidos por política

Los sótanos del Dirección General de Contrainteligencia Militar son un área destinada a las torturas físicas y psicológica de los opositores a la dictadura

Las brutales torturas del régimen chavista a los militares detenidos por política
DGCIM PD

Los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar se podrían comparar con la entrada al infierno.

La dictadura de Nicolás Maduro se encargó de convertirlos en áreas de tortura física y psicológica contra quienes suponen un peligro político para el régimen. En especial, con los militares que se niegan a seguir las órdenes de la ‘revolución bolivariana’.

Varias esposas, hijas, madres y hermanas han hecho un grupo de solidaridad, para compartir sus penas, sus dudas, sus miedos e incluso sus lágrimas.

Ninguno tiene confianza en los tribunales ni en la fiscalía militar, mucho menos en la Corte Marcial.

“Violan la Ley, violentan los derechos de nuestros familiares, se burlan de nuestros reclamos, no permiten el acceso a los expedientes sino cuando quieren y en las condiciones que colocan. No todos pueden hacerlo”, revela la esposa de un oficial.

La llegada del COVID 19 le dio una excusa el régimen para que la violencia fuera más brutal para ellas y para los presos.

Hay familiares que no saben absolutamente nada de los detenidos por el caso de la Operación Gedeón. El funcionario de la Dgcim, Leonardo David Chirinos Parra, a quien también involucraron en eso, aun cuando estaba detenido desde semanas antes, está desaparecido.

A su hermano Leandro Leomar sí lo capturaron en el marco de la Operación y es quien aparece en un video dándole una demostración de dignidad a un general.

La madre de los Chirinos, Marisela Parra denuncia el secuestro de sus hijos, exigiendo fe de vida, según ha publicado en su cuenta twitter.

Ella denunció que Leonardo la llamó el 21 de abril para decirle que lo habían detenido y lo estaban torturando para que diera el teléfono de su hermano Leandro Leomar.

Después fue presentado ante los tribunales sin que hasta ahora se sepa nada de su caso, cuando tiene 54 días sin comunicación y sin habérsele permitido visitas familiares ni de abogados, ni siquiera llamadas telefónicas.

El caso Marín

Lo sucedido con la desaparición del teniente coronel (Ej) Igber Marín Chaparro tiene a sus familiares en situación de alarma.

Este oficial, uno de los más destacados en el Ejército, ha sido muchas veces, desde que fue detenido en marzo 2018, aislado, recluido en los llamados tigritos, en el “cuarto de los locos”, incomunicado durante meses, sin visita de sus padres, su esposa o sus hijos que son unos niños muy pequeños.

Lo que Diosdado Cabello mencionó contra Marín Chaparro y otros militares, fue suficiente para que desde entonces a Marín no puedan verlo, oírlo y ni siquiera darles las medicinas regularmente.

Aunque el programa de televisión de Cabello cada día tiene menos audiencia, y haya pasado de 700 mil personas en audiencia a unas 50 mil, sí es tomado en cuenta por los funcionarios de Inteligencia, más aún por la vieja rencilla que hay entre el SEBIN y la Dgcim.

Rodríguez Torres

El mayor general (Ej) Miguel Rodríguez Torres, quien está en manos de la DGCIM desde marzo 2018, ha sufrido, igual que muchos de los detenidos, de largos periodos de incomunicación, maltratos psicológicos, falta de atención médica e incluso la detención y tortura de su pareja sentimental.

Actualmente el exministro se encuentra recluido en la cárcel de alta seguridad en el Fuerte Tiuna que está a cargo de la DGCIM.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió el 11 de junio, la resolución 25/2020 con las medidas cautelares No. 450-20, donde destaca que el 22 de mayo 2020 recibió una solicitud de medidas cautelares para que instara al Estado venezolano que proteja los derechos de Rodríguez Torres, porque el detenido se encuentra en riesgo por la falta de atención médica por su situación de salud.

La CIDH solicitó información el 28 de mayo de 2020, pero el Estado venezolano no ha dado aún respuesta. Es por eso que la CIDH considera que Rodríguez Torres “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable”.

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