Artículo de opinión

La fiscal Bensouda, en problemas

La fiscal Bensouda, en problemas
Fatou Bensouda PD

El Fiscal de los EE.UU, William Barr, dice tener razones para dudar de la honestidad de la Corte Penal: “El Departamento de Justicia ha recibido información sustancial y creíble que plantea serias preocupaciones sobre una larga historia de corrupción financiera y malversación en los niveles más altos de la oficina de la Fiscal”

Si las palabras de William Barr,  tienen fundamento, el futuro judicial de Fatou Bensouda, la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), es complejo.

La Corte Penal Internacional (CPI) entró en funcionamiento el 1º de julio de 2002, es decir hace menos de 20 años, enfrenta el reto más grave de su historia, al ser cuestionada, públicamente, la honestidad de su Fiscalía, uno de sus órganos fundamentales, por nada más y nada menos que William Barr, el Fiscal de los EE.UU.

Es obvio que 18 años de vida es muy poco tiempo para una Corte Penal de esta naturaleza, que aspira convertirse en la jurisdicción donde se investigue, procese y castigue a los responsables de los peores crímenes contra la humanidad.

Pero si la CPI pretende tener vida en este mundo globalizado, tendrá que depurar esta grave denuncia, pues están en juego su prestigio y  porvenir.

En numerosas oportunidades hemos advertido, en relación al Caso Venezuela, acerca de la negligencia, inacción, los retrasos e incompetencia de la Sra. Bensouda, que se han traducido en una auténtica obstrucción a la justicia que reclaman las decenas de miles de víctimas venezolanas, sometidas durante más de 15 años a una política sistemática y generalizada de violaciones a los derechos humanos que ha causado numerosos crímenes de lesa humanidad.

Ni antes, con Luis Moreno Ocampo, ni ahora con la Sra. Bensouda, se ha logrado poner en marcha una investigación que es reclamada entre otros, por seis Estados Parte del Estatuto de Roma: Colombia, Canadá, Chile, Paraguay, Perú y Argentina.

Por el contrario, lo que sí ha ocurrido ha sido la exhibición de vínculos de altos funcionarios de la CPI con Maikel Moreno, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, y con Haiffa El Aissami, embajadora de Venezuela en los Países Bajos, hermana de Tarek El Aissami, el tercer hombre fuerte del régimen chavista/madurista.

Ahora se cuestiona seriamente la oficina de la Fiscal por una larga historia de corrupción financiera y malversación”. Tal vez en esta investigación, si llega a realizarse, podríamos encontrar la explicación a tantos despropósitos en la causa venezolana.

Hasta ahora, el Artículo 48.2 del Estatuto de Roma ha amparado la actuación de los altos funcionarios que han ocupado la Fiscalía de la CPI:

“Artículo 48. Privilegios e inmunidades

  1. Los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos y el secretario gozarán, cuando actúen en el desempeño de sus funciones o en relación a ellas, de los mismos privilegios e inmunidades reconocidos a los jefes de las misiones diplomáticas y, una vez terminado su mandato, seguirán gozando de absoluta inmunidad judicial por las declaraciones hechas oralmente o por escrito y los actos realizados en el desempeño de sus funciones oficiales.”

Pero, si como señala el Fiscal William Barr “existe información sustancial y creíble que plantea serias preocupaciones sobre una larga historia de corrupción financiera y malversación”, obviamente estos actos de corrupción financiera y malversación no están cubiertos por dicha inmunidad, ya que no forman parte de las funciones oficiales de los altos funcionarios de la CPI. Es evidente entonces que tal investigación es necesaria e impostergable, al margen de las eventuales sanciones anunciadas por el gobierno de los EE.UU, por el bien de la misma Corte.

Entre tanto, la Fiscal debe inhibirse de inmediato en el conocimiento del Caso Venezuela, en el cual ha admitido una denuncia presentada por el gobierno de Nicolás Maduro, en nombre del estado venezolano, contra los EE.UU, y dar lugar a que, de una vez por todas, se abra una ventana de imparcialidad en la lucha por investigar y juzgar los graves crímenes ocurridos en nuestro país.

William Cárdenas Rubio Vargas

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