Los nexos económicos de Raúl Morodo y su familia con el régimen chavista salpican a José Luis Rodríguez Zapatero.
El exembajador español en Caracas fue señalado por el desvío de dinero “off shore” a la vicepresidencia de Hugo Chávez. Una situación que preocupa a los ‘populares’, quienes ven peligrosos nexos entre el régimen bolivariano y el PSOE.
La secretaria de Internacional del Partido Popular, Valentina Martínez, exigió que se abra una investigación para determinar “a fondo y urgente” el sospechoso flujo de dinero entre el régimen chavista y el exembajador Raúl Morodo, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Martínez indicó en que el PP va a pedir que se depuren las responsabilidades por parte del expresidente del Gobierno, si la información del desvío de dinero “off shore” es confirmada.
Asimismo, buscarán conocer cuál es la relación que pasada y presente entre el Partido Socialista y las dictaduras de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Martínez señaló que “estas informaciones pueden tener consecuencias muy graves, ya que el Gobierno de España actual lleva meses pasando de puntillas por la situación política que vive Venezuela, como lo ha intentado hacer con el polémico encuentro del ministro José Luis Ábalos en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez”.
“De ser cierta esta información sobre el expresidente Zapatero, sería un motivo más para creer que el PSOE ha apoyado y apoya a los dictadores Hugo Chávez y Nicolás Maduro por su propio interés”, afirmó la secretaria de Internacional.
“Una vez más, la imagen y el prestigio de España en América Latina y en el mundo está en juego, es muy importante que se investigue hasta el final, con la máxima transparencia procesal, y se depuren todas las responsabilidades, las políticas y las penales”, agregó.
La Agencia Tributaria presiona
La Agencia Tributaria detectó, como adelanta Esteban Urreiztieta en ‘El Mundo’, numerosas transferencias desde las cuentas de Raúl Morodo (embajador español en Venezuela durante el Gobierno de Zapatero) y su familia en Suiza y las Islas Vírgenes a René Alberto Arreaza, nombrado coordinador general de la Vicepresidencia de la República de Venezuela en 2004.
Estas operaciones tuvieron lugar después de que la familia Morodo percibiera importantes cantidades procedentes del Gobierno de Chávez en forma de asesorías, algo que desde la Fiscalía Anticorrupción y Hacienda consideran ficticias.
La Audiencia Nacional tiene en estos momentos abierta una causa en la que mantiene como investigados a los principales miembros de la familia Morodo.
Hasta la fecha, se les atribuye la presunta comisión de los delitos de falsedad documental, corrupción en las transacciones internacionales, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública.
Los pagos otorgados a la familia Morodo a través de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) ascienden, según ha denunciado el Ministerio Público, a 35 millones de euros.
En esta cantidad Anticorrupción incluye los desvíos de dinero a dos ciudadanos venezolanos que se instalaron en España y a los que considera parte de la trama del exembajador: Juan Carlos Cabrera Márquez, ex directivo de PDVSA que se suicidó en Madrid horas después de declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tras incriminar a Morodo, y Carlos Adolfo Prada.
Todos ellos, denunció Anticorrupción, «recibieron fondos no justificados desde PDVSA» y «utilizaron mecanismos para intentar dotarlos de apariencia legal y desvincularlos de su origen ilícito».
Para este fin confeccionaron «contratos simulados y facturas falsas carentes de toda justificación real y lógica» que hacen referencia a servicios de asesoría fantasma.
El exdirectivo de PDVSA Márquez ya confesó a la Policía Nacional que uno de los cargos que «presionó» para adjudicar los contratos a Morodo fue el vicepresidente Rangel.
