Los venezolanos no están dispuestos a que las violaciones de los derechos humanos del régimen chavista queden impunes.
A pesar de que han sido denunciados ante la Corte Penal Internacional, los abogados Walter Márquez y William Cárdenas denuncian las “irregularidades constatadas en los procesos sustanciados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, relacionados con los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela, a partir de la vigencia del Estatuto de Roma”.
Es importante recordar que la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, cuenta con nexos personales y de amista con la cúpula del chavismo.
En este sentido, ambos adelantaron, durante la celebración del simposio online sobre los crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela, las ocho medidas que se utilizarán para buscar una investigación transparente sobre la violación de Derechos Humanos.
PRIMERA: Hacer del conocimiento general y de todos los entes públicos o privados, multilaterales, regionales o nacionales vinculados con la tutela de derechos humanos, las irregularidades constatadas en los procesos sustanciados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, relacionados con los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela, a partir de la vigencia del Estatuto de Roma.
Como es ya sabido la Fiscal Fatou Bensouda es responsable de negligencia criminal en la iniciación, tramitación y resolución de más de 120 denuncias contra el régimen de Nicolás Maduro, en base al artículo 15 del Estatuto de Roma, y en una denuncia hecha por seis (6) Estados Partes, en base al artículo 14 del mismo Estatuto;
SEGUNDA: Intentar las acciones que correspondan dentro del Estatuto de Roma y las Reglas de Procedimiento y Prueba contra la Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional, quien está incursa en retrasos injustificados y dilaciones arbitrarias y lesivas al legítimo derecho del pueblo venezolano, de obtener justicia en los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela, a partir de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el 1° de julio de 2002, y en especial, a partir de los sucesos del 12 de febrero de 2014;
TERCERA: Constituir un Comité de Seguimiento, que a su vez integre los subcomités o equipos multidisciplinarios necesarios para el cumplimiento de las metas fijadas en los ordinales que preceden.
Inicialmente constituyen el Comité de Seguimiento Walter Márquez, William Cárdenas, Omar Estacio, Paciano Padrón, Adolfo Salgueiro, José Oropeza, Pedro Troconis y Luis Corona;
CUARTA: Formar un Comité de Víctimas del régimen venezolano por hechos o crímenes a partir de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma;
QUINTA: Alertar a los embajadores, gobiernos y parlamentos de los Estados parte, comenzando por los del Grupo de Lima y los de la Unión Europea, sobre la lenidad de la Corte Penal Internacional, gracias a la Fiscalía que obstruye la justicia y cubre con manto de impunidad los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela;
SEXTA: Impulsar pronunciamientos y apoyo de Jefes de Estado y de Parlamentos del mundo, en particular de los seis que el día 27 de septiembre de 2018 introdujeron acción contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, a saber, los presidentes y gobiernos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú;
SÉPTIMA: Generar un proceso de motivación e inclusión en la acción contra la impunidad en los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que abarque a la sociedad civil organizada y a todas las ONG que luchan por los derechos humanos, tanto a nivel internacional como en áreas nacionales;
OCTAVA: Hacer un plan comunicacional amplio que permita difundir en el mundo la noble causa de exigir justicia ante los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
