El Ministerio de Asuntos Exteriores de Bolivia acusó al expresidente Evo Morales de intentar desestabilizar el país y de bloquear la cooperación extranjera destinada a la lucha contra el COVID-19.
Una actividad desarrollada desde su refugio en Argentina y con la complicidad de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.
“Morales, con la complicidad del régimen de Nicolás Maduro, ha recrudecido su campaña internacional de desinformación y de difusión de noticias falsas para tergiversar la lucha del pueblo boliviano por la recuperación de la democracia”, denunció.
“Esto lo hace desde su asilo o refugio, otorgado por el gobierno argentino, el cual soslaya las normas internacionales del asilo y del refugio, tolerando declaraciones incendiarias y hasta amenazas de convocatoria a milicias irregulares armadas” agregaron.
En este sentido, explicó que “sectores afines a Morales intentan desestabilizar al país, causar caos y profundizar la crisis sanitaria, llegando inclusive a negar la existencia misma de la enfermedad, lo cual a su vez es aprovechado por el narcotráfico y la delincuencia organizada”.
El comunicado apuntó a que Morales y sus aliados “han convocado a los extremistas resguardados en las instituciones bajo su control para agudizar ese bloqueo político y administrativo”, mencionado el caso de la tardanza en ratificar los ascensos en las Fuerzas Armadas y la aprobación de la Ley de Estados de Excepción.
La cancillería boliviana resaltó que “al mismo tiempo, la Asamblea Legislativa Plurinacional, controlada por Morales, bloquea la cooperación financiera internacional para la lucha contra la pandemia y la recuperación económica. Esto es un inescrupuloso atentado contra la salud y la vida de los bolivianos”.
En ese sentido, el gobierno interino de Bolivia solicitó a la comunidad internacional que realice “un riguroso rechazo y condena a los violentos actores del narcoterrorismo”.
Los respiradores
El Gobierno interino de Bolivia solicitó a la Fiscalía incluir en la investigación de la compra de 170 respiradores con presunto sobreprecio al expresidente Evo Morales, al exministro de Gobierno Carlos Romero y a la ex ministra de Salud, Gabriela Montaño.
La información fue confirmada por el viceministro de Transparencia Institucional boliviano, Guido Melgar, que quien agregó que el ejecutivo también ha pedido incluir en el caso al cónsul de Bolivia en Barcelona, David Alberto Pareja, a Iñaki García, de GPA Innova –la empresa que vendió los respiradores–, al dirigente cocalero Andrónico Rodríguez y a otras once personas.
El pasado 25 de junio, la Policía reveló que Luis Fernando Humérez, considerado como el “testigo clave” en la compra de los respiradores, destinados a pacientes con coronavirus, había contactado en varias ocasiones con Morales y otros dirigentes y ex autoridades de su partido, Movimiento al Socialismo (MAS).
De forma paralela, según las investigaciones preliminares, el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, contactó con Montaño y Pareja.
