El chavismo ya ‘ensambla’ su nuevo fraude electoral.
La dictadura de Nicolás Maduro sigue adelante con su deseo de llevar a cabo elecciones parlamentarias este año. Un mecanismo para arrebatar la Asamblea Nacional al líder de la oposición y presidente interino, Juan Guaidó.
Es importante recordar que la condena y la falta de reconocimiento nacional e internacional ante el proceso electoral, ya que está diseñado para garantizar una victoria del régimen.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) chavista indicó que llevará a cabo los comicios en diciembre, y anunció que aumentará el número de diputados a elegir para la conformación de la próxima Asamblea Nacional (AN) por el periodo 2021-2026.
“Debatimos y construimos en forma unánime las normas especiales que regirán las elecciones parlamentarias de este diciembre”, anunció Indira Alzonzo, presidenta del CNE y figura leal a la dictadura.
Ella misma indicó que el número de parlamentarios pasará de 167 a 277. “La fórmula tiene como principio orientador el logro de un equilibrio en el sistema electoral venezolano, entre el voto lista y el voto nacional nominal”.
En ese sentido, detalló que se elegirán 52% nominal y 48% por lista.
Alzonzo, por su parte, aseguró que “se amplía considerablemente la participación de las organizaciones políticas”: “En total hay 87 organizaciones con fines políticos activadas legalmente”.
Sin embargo, no indicó que la mayoría son controladas por el régimen de Nicolás Maduro y que se han ‘expropiado’ las cúpulas directivas de los principales partidos de oposición para colocar a figuras a favor del chavismo.
La oposición venezolana, encabezada por el presidente interino Juan Guaidó, fijó las condiciones para participar en las próximas elecciones de modo que sean “libres, justas y verificables”, lo cual implica, entre otras cosas, un Consejo Nacional Electoral (CNE) “independiente”, descripción que no encaja con el organismo cuyos miembros fueron designados por la dictadura.
Los principales partidos de la oposición venezolana, incluido el llamado G-4 que forman Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, detallaron en un comunicado “las condiciones mínimas y fundamentales para poder tener y participar en verdaderas elecciones libres, justas y verificables”.
También demandaron en este sentido el “restablecimiento del derecho al sufragio para todos los venezolanos, incluyendo a los que han tenido que emigrar”, es decir un “Registro Electoral confiable y auditado”, y “garantizar que el voto sea ejercido libremente, sin coacción o intimidación”.
Irregularidades plenas
Este anuncio de las autoridades electorales chavistas tiene lugar dos semanas después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, controlado por la dictadura de Nicolás Maduro, designara el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) de cara a las elecciones parlamentarias pese a que esta decisión le corresponde a la Asamblea Nacional, con mayoría opositora.
Además de Indira Maira Alfonzo Izaguirre, la rectora principal y presidenta del máximo ente comicial, la dictadura seleccionó a Rafael Simón Jiménez Melean, como rector principal y vicepresidente del CNE; Tania D’Amelio Cardiet, como rectora principal; Gladys María Gutiérrez Alvarado, como rectora principal y José Luis Gutiérrez Parra, como rector principal, de acuerdo al comunicado oficial.
Además, designó como rectores suplentes a Abdón Rodolfo Hernández Rodríguez, Alex David Said Díaz Padrón, Carlos Enrique Quintero Cuevas, Jennycet Caroliska Villalobos, Juan Carlos Delpino Boscán, Luis Delfín Fuenmayor Toro, Fanck Antero Pic Durán, Gloria Adelaida Muñoz, Deyanira Briceño y Eleusis Aly Borrego.
Los rectores del CNE son quienes deben velar por la transparencia en las elecciones y la dictadura de Maduro quiere asegurarse esos puesto de cara a futuros comicios.
El TSJ había declarado la semana pasada que la Asamblea Nacional incurrió en omisión en la designación de los integrantes del Consejo Nacional Electoral, lo que dejaba a la mayoría opositora fuera del proceso de elección de las nuevas autoridades de ese organismo.
Esta maniobra del chavismo, que volvió a violar la Constitución venezolana, fue rechazada tanto por el gobierno interino de Juan Guaidó como por gran parte de la comunidad internacional.
