Las violaciones a los derechos humanos del régimen cubano se exacerban con el coronavirus.
Así lo ha desvelado un informe de Human Rights Watch publicado este 29 de julio de 2020, la dictadura se empleó a fondo para impedir que los cubanos salieran a protestar después del asesinato de Hansel Ernesto Hernández Galiano, cometido por policías el 24 de junio en La Habana.
El informe muestra como a finales de junio, el régimen castrista se sirvió de la represión, así como de métodos más sofisticados para impedir que se vieran las manifestaciones en las calles.
Para impedir las protestas, las autoridades cubanas hostigaron y detuvieron a muchas personas, incluyendo a varias que fueron acusadas del delito de «propagación de la epidemia».
Algunos disidentes denunciaron que los datos de internet en sus teléfonos móviles y su servicio telefónico se vieron interrumpidos a partir de la mañana del 30 de junio, la ONG sospecha que se trata de medidas de restricción de comunicaciones dirigidas específicamente en contra de disidentes.
Debido a las medidas tomadas por el régimen, las protestas no tuvieron lugar.
«Detener arbitrariamente para impedir que la población proteste de forma pacífica es un ejemplo de las muchas medidas represivas que el régimen cubano está dispuesto a tomar para impedir que se manifiesten voces críticas al gobierno”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
«Estas medidas forman parte de un patrón general según el cual las autoridades cubanas apelan a cualquier excusa —en este caso, la pandemia— para tratar al disenso como un crimen, en vez de garantizar que las protestas pacíficas puedan transcurrir de manera segura”.
El 30 de junio, fecha en que estaba previsto que se realizaran las manifestaciones, fue uno de los últimos días de cuarentena en contra del COVID-19 en La Habana. En otras partes del país donde no regía la cuarentena, como Santiago de Cuba, también se produjeron detenciones relacionadas con las protestas, según indicaron víctimas a Human Rights Watch.
El 29 de junio y la mañana del 30, policías cubanos ordenaron a personas que tenían previsto asistir a las protestas que no debían participar. En algunos casos, los agentes se presentaron en las viviendas de quienes pensaban manifestarse y les dijeron que debían quedarse allí, según indicaron a Human Rights Watch algunas víctimas de este acoso.
En otros casos, las personas recibieron llamadas telefónicas anónimas en las cuales les ordenaban no participar. Organizaciones cubanas de derechos humanos informaron que el 30 de junio al menos 84 personas fueron obligadas a permanecer en sus casas o fueron hostigadas de otras formas por fuerzas de seguridad del régimen.
Once personas informaron a Human Rights Watch que los datos de internet de sus teléfonos celulares y su servicio de internet se vieron interrumpidos durante la mañana del día en que estaban programadas las protestas, así como el día siguiente.
La policía arrestó a muchas personas mientras se dirigían a los lugares donde se iban a desarrollar las manifestaciones y las mantuvo detenidas durante varias horas. Según organizaciones cubanas de derechos humanos, 52 personas fueron detenidas en relación con las protestas.
