Uno de los hombres del chavismo más buscados por la justicia estadounidense es precisamente quien contrató los servicios de Pablo Iglesias y la Fundación CEPS.
Tareck El Aissami, por quien Estados Unidos ofrece diez millones de dólares, fue el encargado de contratar a la fundación cuyos miembros pasaron a ser los ‘revolucionarios’ de Podemos.
El contrato a estos asesores de la extrema izquierda española fue para el diseño y la elaboración de un nuevo reglamento penitenciario de Venezuela y para adoctrinar en la «conciencia anticapitalista» a los funcionarios de las prisiones en las que son encarcelados y torturados los principales líderes de la oposición, así lo informan Teresa Gómez y M.A. Ruiz Coll para OK Diario.
Con un ‘punto de cuenta’ del Gobierno de Hugo Chávez, Venezuela ordenó que se pagaran 7,1 millones de euros a la Fundación CEPS, de cuyo patronato formaban parte los principales líderes que luego fundaron Podemos. Entre ellos, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Carolina Bescansa, Luis Alegre, Alberto Montero, Ariel Jerez, Rubén Martínez Dalmau y Txema Guijarro.
Rafael Isea, quien fue ministro de Finanzas y por el propio Hugo Chávez aparecen firmando el documento que tiene fecha del 28 de mayo de 2008.
«La Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) es una organización que desde su creación brinda asesoría sociopolítica a distintas instituciones, movimientos sociales y gobiernos, a fin de promover los conceptos de emancipación popular, conciencia anticapitalista y contraloría social, como ejes básicos en las sociedades que promueven la convivencia en igualdad, libertad y soberanía de los pueblos», dice el punto de cuenta.
Por este motivo, añade, el Gobierno de Venezuela pagó entre 2003 y 2007 a la Fundación CEPS 2,6 millones de euros para que asesorara al Despacho de la Presidencia, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y la Asamblea Nacional.
A continuación, el presidente Hugo Chávez ordenó pagar a a Fundación de Pablo Iglesias otros 1,6 millones de euros en 2008 y 2,8 millones de euros entre los ejercicios 2009 y 2011, como informó en su día OK Diario. En total, 7,1 millones de euros.
Este encargo incluía el asesoramiento al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que en octubre de 2008 pasó a dirigir Tareck El Aissami, al que la Justicia de Estados Unidos busca por sus vínculos con el narcotráfico.
Entre otros servicios, la Fundación de Pablo Iglesias asesoró a Tareck El Aissami, buscado por narcotráfico y terrorismo, para impulsar el nuevo Código Orgánico Penitenciario de Venezuela.
En un informe fechado en abril de 2011, la Fundación CEPS se limitó a sugerir al ministro algunos cambios para lavar la imagen del sistema carcelario de Venezuela, uno de los más crueles del planeta y en el que incluso murió el opositor Fernando Alban.
En su informe dirigido al ministro El Aissami, la Fundación de Iglesias propuso los cambios de nomenclatura de los presos, para denominarlos «personas privadas de libertad» y las cárceles, que pasaron a llamar «comunidades de rehabilitación social» o «servicios de rehabilitación social».
Algo de lo que se enorgullece Pablo Iglesias, al punto que lo destaca en su curriculum vitae oficial, de 23 páginas, que entre 2006 y 2007 impartió cursos de «formación ideológica» a los funcionarios del Ministerio de Interior y Justicia de Venezuela (es decir, a los policías y carceleros) y a los funcionarios de Conatel, organismo utilizado por Chávez para censurar y perseguir a los medios de comunicación.
Enlace con el narcotráfico y los grupos terroristas islámicos
Tareck Zaidan El Aissami Maddah es uno de los chavistas más buscados por Estados Unidos.
El actual ministro del Petróleo se ha convertido en el principal objetivo de los Estados Unidos y hasta ofrecen 10 millones de dólares por su captura. Mientras que, por su ‘mano derecha’, Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, entreguen 5 millones de dólares.
¿El motivo del interés norteamericano?, los nexos del ministro chavista con los grupos terroristas islámicos.
En el 2014, Robert Morgenthau, fiscal del distrito de Nueva York, aseguró que El Aissami facilitó la obtención de pasaportes venezolanos y la naturalización a miembros de organizaciones terroristas como Hamas y Hezbollah.
Un año después, el exgobernador Rafael Isea se convertía en testigo protegido de la fiscalía en EEUU, donde habría declarado que El Aissami recibía sobornos de narcotraficantes para facilitar el envío de estupefacientes desde Venezuela para el mundo.
En el año 2017, el Departamento del Tesoro lo incluye en la lista OFAC (Oficina para el Control de Activos Extranjeros).
En marzo 2019, siendo ministro de Industria, fue acusado en una corte de Nueva York de violar la ley de capos extranjeros de la droga, dijo el fiscal federal de Manhattan.
El 8 de marzo de 2019 la Corte Federal de Manhattan en Nueva York acusa a Samark José López Bello de narcotráfico, considerando testaferro de El Aissami; les fueron congelados los activos de López en EEUU, que según autoridades norteamericanas es de decenas de millones de dólares.
El 31 de julio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas norteamericano (ICE) incluye a El Aissami en la lista de los más buscados porque habría favorecido actividades ligadas al narcotráfico.